El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en la región Áncash, alcanzó un avance clave en la lucha contra la corrupción al lograr el Auto de Enjuiciamiento contra doce autoridades municipales y un funcionario público.
El fiscal Renato Sulmer Arapa Díaz lidera la acusación, que marca el inicio del juicio a alcaldes por corrupción en el caso del Instituto Vial Provincial de Huaraz (IVP Huaraz), organismo responsable del mantenimiento de las carreteras de penetración hacia los distritos de la provincia.
El proceso judicial pasará a la etapa de juicio oral, donde la Fiscalía presentará pruebas y testimonios que evidencian presuntas irregularidades en la designación del gerente general del IVP Huaraz, un cargo clave para la gestión de obras viales en la región Áncash.
Delitos de nombramiento y aceptación ilegal de cargo público
La acción penal recae sobre David Manuel Rosales Tinoco, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, acusado por el delito de Nombramiento Ilegal de Cargo Público, conforme al artículo 381 del Código Penal. La imputación señala que Rosales Tinoco designó al gerente general del IVP sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
El funcionario designado, Hernán Manuel Henostroza Sáenz, enfrentará juicio por Aceptación Ilegal de Cargo Público, al haber aceptado el puesto pese a no reunir el perfil profesional exigido.
La investigación también incluye a diez alcaldes distritales que integraban la junta directiva del IVP Huaraz. La Fiscalía los acusa de nombramiento ilegal de cargo público, en calidad de cómplices primarios, y de falsedad genérica, por presuntamente haber proporcionado declaraciones inexactas para encubrir las irregularidades del proceso.
Lista de alcaldes involucrados
Los alcaldes procesados son:
- Evert Lenin Valverde Sandoval, distrito de Pira
- Elmer Amado Cacha Catire, Jangas
- Genaro Corpus Chinchay León, Tarica
- Wilson Yury Huamán Minaya, Olleros
- Rigoberto Emilio Carbajal Yauri, Colcabamba
- Ladislao Clemente Cruz Villachica, Independencia
- Dioscórides Félix León Fernández, Huanchay
- Edsson Ever Ardiles Colonia, Pampas Grande
- Marleny Pilar Figueroa Zúñiga, Cochabamba
- Inocente Alex Guillén Pineda, La Libertad
Según la acusación fiscal, todos participaron en la sesión que validó el nombramiento del gerente general del IVP Huaraz, pese a conocer las limitaciones legales que hacían improcedente la designación.
Impacto institucional y defensa de la gestión pública
El Ministerio Público identificó como agraviados a la Municipalidad Provincial de Huaraz y al propio Instituto Vial Provincial de Huaraz, representados por sus respectivos procuradores públicos.
Las investigaciones sostienen que estas decisiones vulneraron la transparencia institucional y afectaron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al mantenimiento de las vías de comunicación, vitales para la economía rural y el desarrollo provincial.
El fiscal Renato Sulmer Arapa Díaz subrayó que el caso busca reafirmar el principio de meritocracia en la función pública, y demostrar que ningún cargo debe asignarse por intereses políticos. “Cada funcionario debe cumplir los requisitos técnicos que la ley exige; de lo contrario, la designación se convierte en una forma de corrupción”, enfatizó.
Juicio oral y compromiso institucional
Con la emisión del Auto de Enjuiciamiento, la Fiscalía de Huaraz llevará el caso a juicio oral. Este paso reafirma el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción sin distinción de jerarquías o cargos políticos.
El juicio a alcaldes por corrupción representa un precedente importante en la región Áncash, donde los gobiernos locales enfrentan constantes cuestionamientos por irregularidades en la administración pública. La Fiscalía busca demostrar que los actos de favoritismo o las designaciones arbitrarias no quedarán impunes.
La sociedad huaracina espera que el proceso judicial concluya con justicia y sirva como ejemplo para otras gestiones municipales. Los recursos del Estado deben servir al desarrollo de las comunidades, no a intereses personales o políticos.
El caso del Instituto Vial Provincial de Huaraz simboliza un llamado a la transparencia. Cuando la ley se respeta, las carreteras se construyen, los servicios avanzan y la confianza ciudadana se fortalece. Cuando la corrupción se infiltra, se detiene el progreso. Por eso, el resultado de este juicio será clave para el futuro de la gestión pública en Áncash.
