En la escena política peruana, el discurso anticorrupción se ha convertido en una bandera de lucha recurrente. Sin embargo, pocas veces esa narrativa resulta tan contradictoria como en el caso de Patricia Li y Somos Perú. Mientras el partido intenta posicionarse como una alternativa ética frente a la crisis de confianza que golpea al Estado, su presidenta arrastra una trayectoria marcada por sentencias, cuestionamientos y disputas internas.
Este contraste genera una ironía: ¿puede un partido con un liderazgo manchado por la justicia presentarse como garante de la transparencia de cara a las elecciones generales del 2026?
De alcaldesa a presidenta del partido
Rosa Patricia Li Sotelo, contadora pública de profesión, inició su carrera política como alcaldesa de Punta Negra entre 2003 y 2006. Su gestión terminó en medio de denuncias por irregularidades en el manejo de recursos municipales, lo que derivó en un proceso penal por peculado. Años después, en 2017, Li asumió la presidencia nacional de Somos Perú, partido fundado en 1997 por Alberto Andrade con una identidad inicial ligada al municipalismo y la gestión transparente.
La elección de Li al frente del partido respondió a su permanencia como militante y a la falta de liderazgos internos con suficiente peso. Bajo su conducción, Somos Perú apostó por alianzas arriesgadas con figuras externas mediáticas como Martín Vizcarra o Daniel Salaverry, movimientos que generaron divisiones y reclamos internos por mayor democracia partidaria.
Martín Vizcarra fue elegido congresista para el período 2021-2026 por Somos Perú, pero no asumió el cargo porque el Congreso lo inhabilitó por diez años para ejercer funciones públicas tras el escándalo del Vacunagate. Ante su exclusión, la curul fue ocupada por su accesitario, José Jerí Oré, quien hoy preside el Congreso de la República.
Una sentencia que no desaparece
El momento más polémico de la trayectoria de Li llegó en 2011, cuando la Corte Suprema confirmó una condena de cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado cometido durante su gestión como alcaldesa. La sentencia no implicó cárcel efectiva, pero sí significó un golpe a su imagen pública.
Aunque Li ha declarado en repetidas ocasiones que no posee antecedentes penales vigentes, el registro de esa condena aparece en medios y archivos judiciales, y constituye un antecedente que contrasta con el discurso anticorrupción que hoy levanta «Somos Perú».
El partido se presenta como una organización que lucha contra la corrupción, pero su lideresa carga con una sentencia que lo deslegitima ante un electorado cada vez más crítico y desconfiado.
El caso Balarezo y el fraude fiscal
Otro episodio complejo en el historial de Li se relaciona con el caso del empresario Lelio Balarezo, investigado por un millonario fraude fiscal. Según reportajes de investigación, Li participó en empresas vinculadas a facturas manipuladas y proveedores fantasmas. Aunque algunos procesos prescribieron y no terminaron en condenas firmes, el simple hecho de que la presidenta de Somos Perú aparezca en esos expedientes añade sombras a su trayectoria.
Este tipo de antecedentes plantean una pregunta incómoda: ¿puede un partido exigir transparencia cuando su máxima representante se vio envuelta en investigaciones de evasión tributaria y delitos contra la administración pública?
Tensiones dentro de Somos Perú
El liderazgo de Patricia Li también enfrenta resistencias internas. Dirigentes regionales y militantes han pedido elecciones internas y reformas estatutarias para democratizar el partido. Algunos parlamentarios han denunciado que las decisiones estratégicas recaen únicamente en Li, lo que revela un estilo de conducción vertical y poco participativo.
La congresista Kira Alcarraz renunció al partido aduciendo que Patricia Li tomaba decisiones unilaterales en la bancada, sin respetar el consenso ni la opinión de los otros congresistas. Actualmente, milita en Podemos Perú.
En las elecciones para el periodo 2021-2026, Somos Perú logró cinco curules en el Congreso. Con el paso del tiempo, la bancada sufrió cambios: uno de sus miembros renunció y, en paralelo, se sumaron tres nuevos legisladores. El 14 de julio de 2024, Elizabeth Medina y Alex Paredes abandonaron el Bloque Magisterial para integrarse a Somos Perú. Un año después, en julio de 2025, Óscar Zea también dejó ese grupo parlamentario y solicitó incorporarse a la bancada.
Ana Li y el Congreso: la polémica herencia política de Somos Perú
Ana Li Sotelo, hermana de Patricia Li —presidenta de Somos Perú— recibe un salario mensual por encima de S/ 7,400 como técnica parlamentaria de su bancada, aunque no figura en los registros oficiales de titulados o egresados de Sunedu ni Minedu. Desde 2020 ejerce ese cargo y su cercanía familiar ha desencadenado acusaciones de nepotismo dentro del partido.
El reglamento del Congreso no exige título profesional para ser técnico parlamentario, sino “formación técnica culminada o estudios universitarios no concluidos” junto a experiencia afín, condición que Ana Li cumple según su currículum ante el JNE, donde declaró estudios universitarios inconclusos en Educación Inicial.
Ella participa activamente en las campañas políticas del partido, ocupando cargos internos como la Secretaría de la Mujer distrital y aparece en eventos proselitistas mientras su candidatura congresal para 2026 figura en evaluación interna.
El liderazgo cuestionado de Patricia Li en Somos Perú
Estos movimientos alimentaron las críticas contra la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, a quien acusan de haber convertido a Somos Perú en un «vientre de alquiler» político, abierto a recibir congresistas, sin cohesión ideológica ni compromiso partidario real.
Investigaciones periodísticas han señalado que «Somos Perú», bajo Li Sotelo, realiza gastos cuestionables con fondos públicos: consultorías, capacitaciones, comidas, contratos con empresas cercanas a Patricia Li. Esto alimenta narrativas de favoritismo, clientelismo y falta de transparencia.
En la Municipalidad de Comas, en Lima, trabajadoras municipales (abogadas, comunicadoras e ingenieras) denunciaron que las obligaban a disfrazarse de porristas y hacer coreografías de Somos Perú en horario laboral. La Fiscalía Anticorrupción intervino la comuna por presunto uso indebido de recursos públicos.
En un escenario donde los partidos necesitan credibilidad y cohesión para competir, estas tensiones internas minan la fortaleza de Somos Perú y alimentan la percepción de que el partido responde a intereses reducidos más que a un proyecto colectivo.
El discurso anticorrupción rumbo al 2026
De cara a las elecciones generales de 2026, Somos Perú busca presentarse como un partido renovado y alineado con las demandas ciudadanas de ética y transparencia. Sin embargo, el peso de los antecedentes de su presidenta amenaza con socavar ese mensaje.
De cara a las próximas elecciones, personajes cuestionados se sumaron a Somos Perú después de pasar por otros partidos y hacer de la política su modo de vida. Varios arrastran procesos judiciales: algunos aún enfrentan juicios, otros lograron que el tiempo prescribiera los delitos que les imputaban y ciertos casos terminaron en sobreseimientos. En estos últimos, los jueces no los declararon culpables ni inocentes, ya sea por falta de pruebas o porque, de manera sospechosa, los testigos protegidos murieron antes de que se dictara sentencia.
El electorado peruano, cansado de promesas incumplidas y de candidatos con prontuarios judiciales, observa con creciente escepticismo a quienes predican anticorrupción mientras arrastran sentencias o investigaciones. En este contexto, la estrategia de Somos Perú enfrenta un dilema: renovar liderazgos para recuperar legitimidad o insistir en un discurso que puede sonar vacío ante los hechos.
Una ironía que el 2026 pondrá a prueba
La figura de Patricia Li refleja la contradicción de un partido que aspira a liderar la lucha contra la corrupción, pero cuya propia presidenta simboliza lo contrario. Más allá de los tecnicismos legales, la memoria ciudadana recuerda los procesos y condenas.
El futuro electoral de Somos Perú dependerá de su capacidad para responder a esta ironía. Si insiste en sostener un liderazgo cuestionado, difícilmente logrará convencer a un electorado que exige coherencia. Si decide abrir paso a nuevos liderazgos, podría recuperar parte del espíritu fundacional de transparencia que alguna vez encarnó Alberto Andrade.
El 2026 pondrá a prueba esa decisión. En un Perú donde la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para la democracia, la coherencia no es un lujo, sino una condición indispensable para gobernar.
