Adolescente condenado por robo. La violencia entre adolescentes en Chimbote alcanzó un nuevo nivel de preocupación tras la reciente condena impuesta a un menor de 16 años, quien admitió haber asaltado a un niño de 14 para quitarle sus zapatillas. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó una sentencia de 8 años y 5 meses de prisión efectiva.
El hecho ocurrió el viernes 18 de julio en los alrededores del colegio Niño Dios, en el pueblo joven El Progreso. El adolescente, identificado con las iniciales A. A. C. R., interceptó a la víctima junto a otros dos cómplices aún no identificados. Usó un cuchillo para intimidar al menor y robarle las zapatillas.
Un agente de la Policía que patrullaba en motocicleta notó la actitud sospechosa de dos personas que huían del lugar. Al intervenirlos, encontró al menor con las zapatillas robadas y un cuchillo escondido entre sus prendas. Minutos más tarde, la víctima llegó acompañado de un familiar y reconoció al agresor.
Durante la audiencia, el adolescente, condenado por robo, aceptó los cargos y se acogió a la figura de terminación anticipada, lo que permitió reducir el proceso judicial. Su defensa y el fiscal acordaron una pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de 500 soles.
La jueza Krist Díaz Gonzáles validó el acuerdo y dispuso el internamiento inmediato del menor en el penal de Cambio Puente, bajo las disposiciones de la Ley N.º 32330, que permite la imputabilidad penal de menores entre 16 y 17 años. Además, ordenó que el sentenciado cumpla su condena separado de los adultos, tal como establece la norma.
El joven permanecerá privado de su libertad hasta el 17 de diciembre del 2033. Todas las partes aceptaron la sentencia, cerrando así un proceso que ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia juvenil en zonas urbanas.
Este caso deja una lección contundente: la justicia actúa con firmeza frente a delitos cometidos incluso por menores. La sociedad necesita respuestas preventivas, pero también medidas firmes ante acciones que vulneran la seguridad y tranquilidad de las familias.
