Pobladores exigen anulación de designación de Juez de Paz impuesta.
Designación arbitraria. Indignación, carteles en alto y gritos de protesta marcaron la mañana frente a la sede de la Corte Superior de Justicia del Santa. Decenas de pobladores del distrito de Pampas, provincia de Pallasca, alzaron la voz contra lo que consideran un atropello a su voluntad popular: la designación arbitraria del nuevo Juez de Paz, sin respetar la decisión legítima del pueblo.
El epicentro de la protesta fue el frontis de la sede judicial en Chimbote. Allí, los manifestantes pampasinos demandaron una respuesta inmediata del Poder Judicial, al que acusan de imponer a una autoridad sin legitimidad, vulnerando los principios de participación ciudadana y transparencia que deben regir el sistema de justicia.
Un pueblo que eligió y no fue escuchado
Durante el proceso de selección del Juez de Paz, la comunidad de Pampas participó activamente. Organizaciones civiles, representantes comunales y vecinos en general respaldaron mayoritariamente a una candidata que surgió desde el tejido social local, con propuestas claras y aceptación generalizada.
Pese a ello, la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de sus órganos internos, designó a otra persona. Según los dirigentes, esta decisión ignoró por completo el proceso electoral y colocó en el cargo a un postulante que no representa a la población. La indignación creció cuando se conoció que el designado tenía afiliación política al momento de su postulación, una condición expresamente prohibida por ley para quienes aspiran a ejercer justicia de paz.
«Nos impusieron a un juez que no elegimos»
En medio de la protesta, los representantes comunales sostuvieron una reunión con el presidente de la ODECMA de la Corte del Santa, Dr. Carlos Maya, a quien le expusieron sus argumentos y exigencias. Le recordaron que la ley prohíbe la militancia política activa durante el proceso de elección, sin embargo, el juez designado recién se desafilia después de haber sido notificado como autoridad, sin que el Comité Electoral ni el propio Poder Judicial hayan observado esta grave irregularidad.
“El pueblo ya eligió a su Juez de Paz. No vamos a aceptar imposiciones ni arreglos entre cuatro paredes”, señaló Marcial Valerio Chávez, presidente de la Comunidad Campesina de Pampas, insistiendo en que la justicia local debe construirse sobre la base de la legitimidad y el respeto al mandato popular.
Designación arbitraria: Una justicia impuesta no es justicia
El Juez de Paz cumple una función clave en los distritos rurales del país. No solo resuelve conflictos menores, también representa el rostro más cercano del sistema judicial para muchas familias que viven alejadas de las capitales provinciales. Por eso, su legitimidad no puede estar en entredicho.
Los pampasinos exigen la nulidad inmediata de la resolución que designó al actual juez y el reconocimiento oficial de la candidata elegida por mayoría. Advierten que no cesarán sus protestas hasta obtener una respuesta clara y transparente. De no ser escuchados, preparan nuevas movilizaciones y acciones legales ante instancias nacionales.
Designación arbitraria: Justicia sin pueblo es abuso
Lo que ocurre en Pampas es un llamado de atención. No se trata solo de un conflicto local. Es la muestra de cómo decisiones verticales y desconectadas pueden debilitar la confianza en las instituciones. Si el Poder Judicial quiere recuperar la credibilidad perdida, debe empezar por respetar los procesos participativos y atender las demandas de quienes claman por justicia real, no simbólica.
Porque un Juez de Paz que no nace del pueblo no podrá impartir justicia con legitimidad. Y una justicia sin legitimidad, simplemente no es justicia.
