El procurador público de la Municipalidad Provincial de Huaraz, presentó demanda nulidad de acto jurídico del contrato de cesión de uso de los terrenos de Quinuacocha para la construcción de un mall en la capital de la región Áncash.
La demanda del procurador público, José Bravo Valdez, presentada el 27 de abril, guarda relación con lo aprobado por regidores de la comuna huaracina en la sesión de concejo del último 20 de abril. Ellos llegaron a la conclusión que el contrato es lesivo para la municipalidad y la provincia, existiendo cláusulas que no la benefician, entre ellas, la contraprestación económica por el servicio.
Ello, significa la nulidad del contrato suscrito en el año 2013 por el exalcalde Vladimir Meza, con la empresa Inmobiliaria Colomera SAC integrada por Inmuebles Panamericana S.A., Holding Plaza e Inmuebles Comerciales del Perú SAC.
Lo principal del referido contrato, es la entrega en cesión de uso la explanada de Quinuacocha, por 90 años a cambio de 30 céntimos el metro cuadrado, que en resumen significaba 300 mil soles, de un terreno que está valorizado en aproximadamente 90 millones de dólares.
Posteriormente, se conoció que ante las controversias por el contrato para el proyecto «Mega Plaza Huaraz», la inmobiliaria Colomera SAC, mejoró sustancialmente las condiciones económicas, siendo una de ellas, que la renta fija se establezca en la suma de 600 mil soles anuales y se indexe en un valor referencial de UIT, sin embargo, esto no se hizo oficial mediante un documento.
La decisión del concejo municipal, es distinta al alcalde David Rosales Tinoco, que hasta días antes, había expresado su esperanza de seguir con las negociaciones para hacer realidad la construcción del centro recreacional y comercial de Quinuacocha.
De acuerdo a los planteamientos del proyecto, el «Mega Plaza Huaraz», sería único en su género, porque a diferencia de otros centros comerciales que existen en el país, el de la capital de Áncash, tendría, además, un centro recreacional que será íntegramente financiado por la empresa privada, así como que esta, asumirá también los costos de reubicación del Ejército Peruano, institución que actualmente es posesionaria del predio.
Ahora, el caso queda en manos de los operadores de justicia, quienes resolverán en definitiva cuál será el futuro del centro comercial.
