Que involucra delitos de corrupción.
En poco más de cuatro meses, los 25 gobernadores regionales del Perú, deberán dejar el cargo, pero lo harán en medio investigaciones fiscales, ninguno de ellos se salva, tienen un mínimo de dos hasta un máximo de 62 pesquisas fiscales, según reveló el equipo de Centro Liber que creo una base de datos en base al Sistema Informático de Consulta de Casos del Ministerio Público.
En la investigación, se advierten un total de 557 investigaciones fiscales activas contra los gobernadores regionales, de los cuales el 70% involucra delitos de corrupción, lo que muestra un preocupante manejo de las arcas fiscales en las regiones.
En el caso de la región Áncash, Henry Borja Cruzado, actual gobernador, que reemplazó en el cargo al titular y ahora encarcelado Juan Carlos Morillo Ulloa (2019-2022), aparece en este ranking de autoridades regionales investigadas, con un total de 16 investigaciones fiscales activas, 6 de ellas en las fiscalías superiores y otras 10 en fiscalías anticorrupción.
En las fiscalías superiores se le investiga, actos de conversión y transferencia, omisión legal de acto de su cargo, nombramiento ilegal de cargo público, aceptar nombramiento ilegal, rehusamiento ilegal de actos a su cargo y peculado (demora indebida de pagos).
Mientras que, en las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, se le investiga por encubrimiento real, omisión de actos funcionales, aprovechamiento indebido de cargo, cohecho pasivo propio, colusión con defraudación patrimonial al Estado, peculado doloso simple y espionaje.
