Las delaciones premiadas, desde Brasil, vienen dando nuevas sorpresas, ahora se sabe que las empresas que participaron junto a la constructora Odebrecht en el consorcio Conirsa sí tenían conocimiento del pago de sobornos a funcionarios peruanos por la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), tramos 2 y 3. Este proyecto fue adjudicado en el 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, al grupo conformado por las constructoras Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC.
Así lo declaró ayer el exsecretario de la junta de accionistas del referido consorcio, Sergio Nogueira Panicali, ante los representantes peruanos del Equipo Especial “Lava Jato” de la Fiscalía, en la sede de la Procuraduría Federal, ubicada en la ciudad brasileña de Curitiba.
Se informó, que Nogueira declaró que la empresa Odebrecht “pagó aproximadamente $45 millones en sobornos por la Interoceánica Sur y que todas las empresas consorciadas tenían pleno conocimiento”.
De este monto, se ha manifestado que $20 millones estuvieron dirigidos al expresidente Alejandro Toledo, $1.5 millones fueron para el entonces árbitro Horacio Cánepa y $1.4 millones para Juan Carlos Zeballos Ugarte, jefe de Ositran durante los años 2007 y 2012. Aún falta determinar dónde se envió el resto del dinero.
En el interrogatorio, que inició al promediar el mediodía (10 a.m. en Perú) y se extendió por cerca de dos horas, estuvieron presentes los fiscales provinciales Germán Juárez, Geovana Mori y el adjunto provincial Walter Villanueva, en representación de José Domingo Pérez. Este último se encontraba abordando un vuelo rumbo a la ciudad de Lima, en compañía del fiscal coordinador Rafael Vela.
Así fue
Se pudo conocer que, según Nogueira, en setiembre del 2009, cuando este asumió la dirección del proyecto, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México y ex gerente general de Conirsa, le informó “que había $45 millones que la empresa había hecho como pagos por riesgos adicionales”, concepto utilizado para referirse a sobornos, y que Jorge Barata, exrepresentante de la brasileña en Perú, “le iba a explicar luego el detalle”.
Nogueira continuó su declaración y señaló que, en febrero del 2011, cuando se iba a llevar a cabo la liquidación del proyecto, le consultó a Barata sobre el monto $45 millones. Este -según dijo- le informó de la realización de una junta a la que iban a acudir los representantes de las consorciadas para informárseles “sobre el monto total que debían compartir todos como riesgos adicionales”. Las mismas fuentes señalaron que Nogueira “dio a entender que heredó el tema”. “No sabía si ese monto se pactó antes de la obra o si fue incrementándose durante la ejecución de la misma”, refirieron.
El testigo señaló que la cantidad fue considerada excesiva por las compañías consorciadas. También indicó que Graña Montero, JJC e ICCGSA hicieron un reembolso por los sobornos ese mis año. En su testimonio, precisó que las empresas consorciadas asumieron el 30% de los pagos ilícitos.
Finalmente, Sergio Nogueira refirió que el detalle de la distribución de los $45 millones en coimas lo tiene Barata, quien declarará ante los fiscales peruanos en marzo próximo.
En el año 2017, Barata confesó de la existencia de coimas para la adjudicación del proyecto Interoceánica Sur, Tramo 2 y 3; y la entrega de $20 millones al hoy prófugo mandatario Alejandro Toledo, por la concesión de la obra.
Cabe señalar que durante este interrogatorio, también estuvieron presentes los miembros de la defensa legal de las compañías mencionadas, de Nogueira; además del procurador brasileño, Orlando Martello.
A su salida del interrogatorio, el fiscal Germán Juárez confirmó que Sergio Nogueira Panicali dio declaraciones “esclarecedoras” sobre el caso Interoceánica Sur y la participación de Odebrecht con las empresas consorciadas.
“La diligencia se ha desarrollado dentro de los parámetros normales (…) Lo único que puedo decir es que la declaración ha sido valiosa”, expresó.
Agregó que la declaración de Nogueira también le servirá para esclarecer “varios temas”, entre ellos la pesquisa que él tiene cargo sobre los árbitros que favorecieron a Odebrecht en el Perú.
