¡Siento vergüenza por su falta de compromiso! -grita el airado gerente a un grupo de empleados. ¡A las cinco de la tarde ya se van!
Los empleados escuchan con la cabeza gacha la diatriba del airado gerente. No son jóvenes secretarias o tímidos practicantes, sino profesionales, mayores de cuarenta años, algunos con hijos o nietos. Sin embargo, ninguno se atreve a decirle al gerente que el horario de trabajo termina a las cinco. Nadie le dice tampoco que nunca les pagan sobretiempo cuando se quedan dos o tres horas más, pero les descuentan cada vez que llegan unos minutos tarde.
El silencio que los embarga, mientras escuchan los gritos y las amenazas (¡Me tienen harto! ¡Ustedes son un desastre!) puede tener explicaciones psicológicas, como inseguridad, temor a la autoridad o bloqueo ante una agresión súbita, pero también hay una explicación estructural: todos son empleados CAS, es decir están bajo la modalidad de “contrato administrativo de servicios”.
Cuando el sistema CAS apareció, hace varios años, fue considerado como una solución transitoria frente a una situación peor: los contratos por “servicios no personales” que tenían a muchos trabajadores estatales bajo total explotación. Debe reconocerse que los trabajadores CAS tienen derecho a un mes de vacaciones por cada año de trabajo, están afiliados a ESSALUD y, en teoría, tienen una jornada laboral máxima de 48 horas semanales. Sin embargo, no tienen derecho a compensación por tiempo de servicio ni gratificación (apenas si recibirán 300 soles este mes de julio).
Lo peor de los contratos CAS es que son temporales: normalmente duran uno o tres meses. Después de ese plazo, los contratos se renuevan o no, sin que sea necesario expresar razón alguna. Por eso, antes de que venza ese plazo, suele haber mucha incertidumbre:
-Cada vez que terminaba el trimestre todos teníamos miedo –me cuenta el asesor de un Ministerio-, porque el jefe siempre sacaba a una o dos personas. A veces era gente que trabajaba muy bien, pero era su manera de hacer sentir su poder.
El sistema CAS expresa la precariedad laboral generalizada existente en el sector público peruano, precisamente en una de las épocas donde existen más recursos. Inclusive las entidades como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Trabajo tienen a su personal en estas condiciones. Viviendo bajo tanta inestabilidad es muy difícil planificar el futuro (el pago de una hipoteca o el colegio de los hijos, por ejemplo).
Ante ese panorama resulta indignante que haya quienes sostienen que los trabajadores peruanos tienen “demasiados derechos” y que el empleo en el Perú está “sobreprotegido”.
En realidad, aunque el jefe sea una persona considerada y respetuosa, el problema para los CAS puede ser la acumulación intempestiva de labores propia del sector estatal.
-Esa gente no tiene vida –comenta una amiga por sus colegas que van a casa solamente para dormir.
Quedarse sin almorzar es otra situación recurrente o postergar muchas responsabilidades familiares o personales por cumplir las tareas que se asignan.
Si es chocante esta situación en una oficina, el panorama es mucho peor para quienes enfrentan una serie de riesgos por su labor, realizando viajes por el país o privados de la indumentaria de protección necesaria para determinadas tareas. Sin embargo, frente a los riesgos, los retrasos en el pago o los “favores de última hora”, el trabajador guarda silencio, porque cualquier reclamo puede llevar a que no se le renueve el contrato.
El problema es mucho mayor cuando el jefe es una persona prepotente o psicológicamente perturbada. Es precisamente, la precariedad del subordinado lo que genera más posibilidades de abuso. Es imposible para la víctima pensar en quejarse, hacer una denuncia laboral o acudir a los medios de comunicación si quien comete los abusos es el mismo que decide la renovación de su contrato.
De hecho, la forma más grave de maltrato a que se exponen muchas trabajadoras CAS es el acoso sexual. En estas terribles situaciones, el temor al desempleo, la sensación de vergüenza, la desconfianza en los colegas paralizan a las víctimas.
-Para nada puedo confiar en que realmente lo sancionarán y mejor me quedo callada –dice una empleada sobre su agresor.
Podría argumentarse que quien acepta un contrato CAS sabe lo que le espera, pero normalmente no puede elegir. Se trata de personas que han estado buscando trabajo durante años y por eso se aferran a un empleo.
En realidad, así como la mayoría de casos de violencia familiar solamente se solucionan por una intervención externa (de un familiar, un vecino o una autoridad), porque la víctima está atrapada en una relación, así ocurre con los CAS que son víctimas de abusos.
¿Tendrá el próximo gobierno la voluntad de frenar estos abusos? ¿O se espera a que día a día los CAS sigan resistiendo, acumulando frustraciones y maltratos? (Wilfredo Ardito Vega)
