Con la atención centrada en la lucha que libran los candidatos para seguir en carrera, la expectativa de muchos sectores sobre propuestas programáticas están quedando totalmente desairadas en esta competencia electoral. Uno de los sectores que precisa conocer de manera urgente la visión política de los aspirantes a gobernar nuestro país en los próximos 5 años, es el pesquero.
Razones tiene de sobra. En el año 2018 vence el período de vigencia del aporte social obligatorio de $ 1.95, creado mediante la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 – Ley de Cuotas –, hecho que afectará la sostenibilidad del nuevo régimen pensionario de los pescadores creado por la Ley 30003, por ser uno de sus principales soportes. Ese año también se rompe el candado jurídico que puso el armador en la misma norma como condición de su aporte y que le permite mantener sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca que paga por cada tonelada de anchoveta que extrae. Actualmente, ese pago se calcula en base al 0.25% del valor FOB de la harina de pescado por tonelada extraída. Si tomamos en cuenta el precio promedio que ha tenido la harina este año, el armador solo paga alrededor de 4 dólares por tonelada. Monto irrisorio, que no compensa los enormes pasivos ambientales que deja y que el Estado los asume sin que el timorato gobernante de turno siquiera pestañee.
Como dato adicional, cabe señalar que el 50% de los Derechos de Pesca y el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas pesqueras, constituyen los aportes al Canon Pesquero, cuya distribución necesita ser replanteada por la atomización actual que sufre y que no permite que se cumplan con sus reales objetivos. Como muestra, habría que preguntarnos cuánto y a dónde han ido a parar los recursos correspondientes al Canon Pesquero que han sido transferidos al gobierno regional de Ancash y a sus municipalidades provinciales y distritales en los últimos años.
Se necesita saber también la opinión de los candidatos en cuanto a la restitución del Ministerio de Pesquería, o sobre el fortalecimiento del IMARPE como ente científico en el que se basan las disposiciones de PRODUCE y cuya credibilidad ha sido cuestionada en las últimas temporadas de pesca, o sobre el manejo equivocado de competencias en la pesca de anchoveta al compartirlas con los gobiernos regionales que muchas veces se convierten en cómplices en la producción ilegal de harina de pescado, como es en el caso de Ancash.
Hay mucha expectativa para escuchar a los candidatos hablando sobre estos temas. Ojalá que lo hagan pronto.
