A un paso de perder la alcaldía Provincial del Santa.
El Primer Juzgado Unipersonal del Santa condenó hoy al alcalde de esta provincia, Julio Cortez Rojas, a cuatro años de cárcel por el delito de malversación de fondos, que habría cometido durante el periodo que se desempeñó como gerente municipal.
La misma condena se dictó contra la prófuga y suspendida alcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García.
El juez David Aguilar consideró que en el caso de Julio Cortez, el actual alcalde en funciones, la sentencia se haga efectiva una vez que esta sea confirmada en segunda instancia.
Para Victoria Espinoza sí se dispondrá la orden de captura inmediata debido a que mantienen la condición de prófuga de la justicia por un primer delito de enriquecimiento ilícito.
Para el caso de los exfuncionarios municipales, Elmer Llontop, y Gabriela Vargas Alcántara se les sentenció a cuatro de cárcel suspendida a tres no efectiva, debido a que el juez consideró que la mayores responsabilidades del delito recaen sobre la alcaldesa de ese entonces Victoria Espinoza y el gerente Julio Cortez.
Asimismo, se previó el pago de una reparación civil por 500,000 soles que deberá ser pagada, de manera solidaria, por todos los acusados y su inhabilitación para ejercer la función pública por tres años.
La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 6 de enero próximo; desde este días las partes tienen cinco días de plazo para interponer el recurso de apelación correspondiente.
Según la acusación, la municipalidad recibió en el año 2009, 19 millones, 985,000 soles por parte del Ministerio de Vivienda para obras de saneamiento en diversos sectores de Chimbote.
Sin embargo, el juez en su resolución dijo que por lo menos fueron dos millones, 925,577 soles los que se facilitaron para la reconstrucción de parques, aulas en colegios, incluso un vivero municipal.
El magistrado consideró que fueron afectados los recursos transferidos a través de modificaciones presupuestarias firmadas por la alcaldesa de entonces y avalada por el gerente municipal y demás funcionarios condenados.
A su salida de la audiencia, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, dijo sentirse conforme por la decisión adoptada por el juez, sin embargo consideró que la pena debió de ser efectiva.
El fiscal dijo «este es un mensaje muy claro por todos los funcionarios públicos y aquellos que manejan bienes y presupuestos del Estado que deben cumplir con los lineamientos que la ley estipula».
Los abogados de las partes se retiraron sin ofrecer alguna declaración a la prensa.
