Chimbote
Alcaldesa de El Santa condenada por enriquecimiento ilícito
Vicky Espinoza está inhabilitada de ejercer cargos públicos por 3 años y debe pagar una reparación de más un millón de soles.
Anoche, el Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa halló culpables del delito de enriquecimiento ilícito a Victoria Espinoza García, alcaldesa de Chimbote, y a su conviviente Wilmer Agapito Vásquez a los que condenó a siete años de prisión efectiva con carácter suspendida hasta que se resuelva en segunda instancia y obligándolos al pago de una reparación civil de 1’028 mil soles.
Dicha condena inhabilita a la burgomaestre de ejercer cargos públicos por tres años. Además, la autoridad y su conviviente deberán pagar la reparación civil de un millón 28 mil soles de manera solidaria, aunque inicialmente la Procuraduría había solicitado la suma de un millón 567 mil 656 soles.
Para imponer la sentencia efectiva – suspendida el juez sustentó que los procesados no tienen antecedentes y siempre han estado concurriendo a las audiencias. Sin embargo, obliga a los sentenciados a apersonarse el lunes al Juzgado penal de origen del caso para firmar y en los días sucesivos hasta que se pronuncie la instancia superior.
La sentencia confirma la tesis acusatoria del fiscal Laureano Añanca respecto de un desbalance patrimonial de 1`300 mil soles. El magistrado del Ministerio Público sostuvo que Espinoza García en su anterior gestión como regidora y ex alcaldesa derivó dineros a las cuentas de su conviviente Agapito Vásquez y de una de sus hijas.
Culminada la audiencia, empezada a las 6 de la tarde y concluida a las 9.20 de la noche, la burgomaestre se mostró disconforme con la sentencia y dijo que no han probado el delito denunciado en su contra y que “voy a apelar y luchar por mi inocencia como lo he hecho desde el primer día porque esto viene de cinco años de tortura y solo por un tema político asqueroso que es lo que se vive en la ciudad” dijo.
La sentencia se confirmará en primera instancia el próximo 4 de junio. Tras la apelación se definirá si se ordena prisión efectiva para la autoridad.
