Si atendiéramos esta justa exigencia popular, nos evitaríamos esta vergüenza pública que hemos puesto en vitrina con el tema de Waldo Ríos, su rehabilitación y su inevitable reconocimiento como presidente regional de Ancash.
Ese tácito contrato de favores mutuos que significa el aporte de un millón de soles, pretende camuflar, en un inexistente acto de justicia, un descarado negociado a futuro con recursos de nuestras arcas regionales.
¿Algún reparo moral tendrá un excongresista que fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida por recibir 10,000 dólares del exasesor Vladimiro Montesinos a cambio de favores políticos y convertirse en tránsfuga al servicio de la mafia montesinista?
¿Se haría problemas, alguien que no conoce la decencia, en recibir un millón de soles de “desprendidos” amigos, para que después los compense con creces estando al mando de la región Ancash?
Estos hechos suceden a lo largo y ancho de nuestro país, por la incapacidad del Estado en establecer filtros eficaces de control sobre sus recursos y la poca dureza de las leyes para castigar ejemplarmente a quienes los dilapidan, los saquean o en términos reales se apropian de ellos.
Con estas dos acciones concretas, imprescriptibilidad e inhabilitación perpetua, el mensaje de impunidad se diluiría y el miedo a nunca más ejercer la función pública cumpliría una eficaz labor coercitiva sobre avezados funcionarios.
En la actualidad y ante la débil participación y reacción de la sociedad civil en su conjunto, cuestionados personajes han copado los puestos y cargos de confianza, tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales, unos sin el mérito que los califique y otros sin la solvencia moral que los inhiba de participar en acciones dolosas.
Esta situación es preocupante, por la dañina costumbre arraigada en los funcionarios públicos de actuar en la frontera que separa la ilegalidad de lo incorrecto, en complicidad con las autoridades que los recomiendan o contratan.
Tremendo problema que tenemos en Ancash, con sus gobernantes y sus funcionarios públicos.
La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación perpetua a los funcionarios públicos corruptos, nos indican la salida correcta del problema.
