El Tribunal Constitucional (TC) cambió su criterio sobre la iniciativa de gasto y estableció que el Congreso no puede aprobar leyes que generen gastos al Estado sin coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La decisión responde a una demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, relacionada con la reubicación de familias del distrito de Belén, en la provincia de Maynas, región Loreto.
¿Qué decidió el Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto?
El TC declaró fundada la demanda del Ejecutivo. Según la sentencia, cuando una ley obliga al Estado a realizar nuevos desembolsos o crea obligaciones futuras, esa iniciativa de gasto debe contar con una evaluación presupuestal y una fuente de financiamiento clara.
El tribunal recordó que el artículo 79 de la Constitución limita la capacidad del Congreso para crear gastos públicos. Por ello, las propuestas que afecten el presupuesto anual o comprometan recursos a futuro deberán coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Iniciativa de gasto y el caso de Belén en Loreto
La controversia nació por la Ley 31232. El Congreso declaró en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén. La norma encargaba al Ministerio de Vivienda la construcción de viviendas y obras de saneamiento.
Para el Tribunal Constitucional, esa disposición implicaba usar recursos que no estaban previstos en el presupuesto. En consecuencia, concluyó que una iniciativa de gasto de esa magnitud debía originarse en el Poder Ejecutivo.
El TC cambia su postura sobre la iniciativa de gasto
La sentencia marca un giro importante. En 2022, el TC permitió un margen más amplio para que el Parlamento aprobara leyes con impacto económico. Ahora, el tribunal adopta una postura más estricta y prioriza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además, el fallo exige que toda iniciativa de gasto identifique expresamente cómo se financiará. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá emitir informes de sostenibilidad fiscal cuando las comisiones del Congreso lo soliciten.
Opiniones enfrentadas sobre el tema
La magistrada Luz Pacheco votó en contra de la decisión. Ella sostuvo que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que no deberían existir excepciones. También afirmó que el Ejecutivo debe diseñar políticas públicas y plasmarlas en el presupuesto, mientras que el Congreso debe concentrarse en fiscalizar.
Por otro lado, el presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, Alonso Segura Vasi, consideró que el fallo eleva las exigencias para futuras leyes con costo fiscal. A su juicio, la sentencia facilitará cuestionar normas que generen gastos sin respaldo presupuestal.
¿Qué cambia para el Congreso?
Desde ahora, cualquier iniciativa de gasto tendrá mayores controles. El Congreso deberá considerar la disponibilidad de recursos y coordinar con el MEF antes de impulsar medidas que impliquen nuevos gastos para el Estado.
El Tribunal Constitucional busca evitar que se aprueben obligaciones sin financiamiento suficiente y proteger la estabilidad fiscal del país. El debate continuará, pero esta sentencia ya marca un nuevo límite para las leyes con impacto económico.
