Los peruanos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente sin armas, tal y como lo señalan el artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El ejercicio de este derecho implica que podemos reunirnos para manifestar nuestras opiniones, posiciones y demandas ciudadanas de forma voluntaria, teniendo claro que la finalidad que se persigue debe ser legal y por lo tanto, la protesta debe ser pacífica, sin armas y que no afecte otros derechos fundamentales, esto último precisado por la Comisión de Derechos Humanos de la CIDH.
Al escribir esta nota, la Defensoría había informado que las protestas en diferentes puntos del país han cobrado más de 19 vidas, en los enfrentamientos y a consecuencia de los bloqueos de vías, como en el caso de los tres bebés lactantes, que no llegaron a los hospitales. Se tienen más de 197 heridos civiles y 216 heridos de la Policía Nacional del Perú. Son más de 113 puntos de bloqueo a nivel nacional según datos reportados por la SUTRAN.
Esta información nos permite afirmar que las protestas desarrolladas en distintos puntos del país, han sobrepasado cualquier ejercicio del derecho a la libertad de reunión y por lo tanto a la protesta, ya que los actos que vienen desarrollando como el bloqueo de vías e impidiendo que las ambulancias y los vehículos de transporte de pasajeros estén varados por horas y días perjudicando la salud de las personas y ocasionando la muerte, no sólo es afectación de los derechos fundamentales de otros ciudadanos, sino que están cometiendo delitos.
A ello debemos añadir que, en el marco de las protestas, se han producido ingresos ilegales y daño a la propiedad pública y privada, como locales municipales, Poder Judicial, Ministerio Público, empresas pequeñas, medianas y grandes, entre otros. Con ello se ha evidenciado que no les importa el daño que ocasionen a las personas y a los lugares donde trabaja la población, adicionalmente aprovechando ese ingreso ilegal, se han producido robos de bienes de dichas entidades, con lo cual se confirma que son criminales los que han ingresado y no hay demandas válidas, sino vandalismo y delincuencia. Si bien no podemos generalizar, tampoco debemos invisibilizar estos hechos, por lo que el argumento de que se está ejerciendo el derecho a la protesta, en estos casos, es evidente que no.
Frente a esta situación, no sólo rechazamos estos actos violentos y delictivos, sino que es necesario que se adopten las medidas desde los diferentes poderes del Estado, en el marco de sus funciones, para detener esta ola de violencia y sancionar a los culpables de azuzar a la población, de bloquear las vías, de los ingresos ilegales, de las muertes a la fecha.
Finalmente, la solidaridad y la empatía de la sociedad peruana es necesaria en estos momentos, donde tenemos que apostar por informar adecuadamente, difundir información cierta, no confrontar sino dialogar, exigir a las autoridades que encuentren salidas y acuerdos entre las fuerzas políticas ya que el orden interno, lo debe garantizar el Ejecutivo y el Congreso para atender las demandas que están a su alcance.
Escrito por Paola Bustamante (*)
(*) Abogada de profesión por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Administración y Gerencia Pública, en la Universidad de Alcalá de Henares, y con estudios de doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.
