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Pallasca: denuncian caos en la municipalidad de Santa Rosa

La Fiscalía indaga presuntas irregularidades.

No hagas cosas malas que parezcan buenas. Diversas irregularidades administrativas con indicios de ilícitos penales, se estarían cometiendo en la municipalidad distrital de Santa Rosa, Pallasca, con el consentimiento del alcalde y el gerente municipal.

Designaciones irregulares, locadores que son proveedores, cuestionable elaboración de manuales de gestión, un gerente municipal sin título profesional, locadores que cumplen horario y están subordinados, aumento de sueldos, entre otros, son algunas de las irregularidades, denunciadas que son de conocimiento del alcalde Moisés Domínguez Azaña, pero, sin embargo, no toma acciones al respecto. Igualmente, en la actualidad la Contraloría tampoco ha intervenido, pero quien, si tomó conocimiento de los indicios razonables de ilicitud, es la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios del distrito Fiscal del Santa.

Pero, ¿Cómo es el caso?

Guido Colbert Mariños Pereda se desempeña como gerente municipal desde el 1 de septiembre de 2021. Según la información registrada en la SUNEDU, cuenta con el grado académico de bachiller en Educación y anteriormente trabajó como docente. Sin embargo, actualmente estaría impedido de ejercer la docencia, de acuerdo con lo señalado en la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial. Esta sería la razón por la que ahora labora en la municipalidad, según aseguró una fuente de la comuna santarrosina a Bolognesi Noticias.

Consultado por Bolognesi Noticias sobre su situación laboral y los requisitos para desempeñarse como gerente municipal sin contar con un título profesional, Mariños Pereda —quien tiene bajo su responsabilidad a personal profesional titulado— entregó copias de documentos para sustentar su designación.

Al respecto, afirmó que su desempeño en el cargo se encuentra amparado en la Resolución de Alcaldía N° 72-2019, del 10 de junio de 2019, firmada por el actual alcalde Domínguez Azaña, mediante la cual se modificó el Manual de Organización y Funciones (MOF).

Según explicó, dicho documento establece que uno de los requisitos para ocupar la Gerencia Municipal es contar con título profesional y/o grado académico de bachiller, maestría o doctorado, conforme a la Ley Universitaria, en carreras como Administración, Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y afines.

«En mi caso, soy bachiller y estoy cumpliendo con lo que manda la ley», sentenció Mariños Pereda.

Interviene el Ministerio Público

Sin embargo, la explicación de Mariños Pereda no aborda un aspecto que podría ser clave: la modificación del MOF se habría realizado sin acuerdo del Concejo Municipal, según la versión de un regidor. De confirmarse esta situación y determinarse que dicho acuerdo era legalmente obligatorio, la modificación podría estar viciada de ilegalidad.

Los cambios en los instrumentos de gestión municipal, incluido el MOF actualmente vigente, habrían comenzado en 2018, durante la gestión del entonces alcalde Fajardo Nuñuvero. Para realizar este trabajo se contrató a Alexander Ruíz Mariños, quien, además, prestaba servicios a la misma comuna como asesor contable externo, bajo la modalidad de locador de servicios. Esta doble vinculación plantea interrogantes sobre la legalidad de su contratación y una posible incompatibilidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aspecto que requiere ser contrastado con la normativa vigente en ese momento y la documentación correspondiente.

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Bolognesi Noticias accedió a documentación relevante sobre este caso, que apuntaría a una presunta modificación del MOF «a la medida». Esta situación habría sido advertida por la fiscal Emily Jane Zavaleta Carbone, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECDF), quien investiga al exalcalde Fajardo Nuñuvero y a Ruíz Mariños por la presunta comisión de los delitos de concusión con defraudación patrimonial y peculado, en agravio del Estado.

Pero el caso no termina allí. Una segunda investigación fiscal, a cargo de Albertina Zamora Montoya, abrió una nueva carpeta fiscal y notificó al alcalde Domínguez Azaña para que informe y sustente las circunstancias en las que se contrató el servicio para modificar los instrumentos de gestión municipal, entre ellos el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), entre otros documentos..

En este mismo contexto, también se advierte un incremento de las remuneraciones en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, entre ellas la correspondiente al actual gerente municipal. A ello se suman presuntas irregularidades en la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios, pese a que, según la información recabada, estas personas trabajarían de manera permanente en la comuna, bajo subordinación y cumpliendo un horario establecido, condiciones que podrían desnaturalizar dicha modalidad contractual.

Entre los casos señalados figuran Kelly Colchado Colona, quien estaría a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) y de la Oficina de Contabilidad; Denis Milagros Espinoza Velásquez, responsable del Área Técnica Municipal; Lida Lisbeth Mancisidor López, encargada de la Oficina de Logística y Abastecimiento; Piero Abelardo Gavidia Roque, asistente de la Unidad de Trámite Documentario y Orientación al Ciudadano (Mesa de Partes); y Francisco Valentín Flores, quien se desempeñaría como chofer de los vehículos municipales.

Pobladores consultados por Bolognesi Noticias cuestionaron la transparencia de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y señalaron que estos hechos se habrían producido sin el conocimiento de los regidores. Este medio intentó comunicarse con el alcalde Moisés Domínguez Azaña, quien se encontraría en Huaraz, para recoger su versión y conocer sus descargos; sin embargo, no fue posible contactarlo, pese a las llamadas telefónicas realizadas.

Ante los hechos expuestos y las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público, corresponde que la Contraloría General de la República, a través de su oficina en Cabana, evalúe la documentación y determine si existen elementos que justifiquen acciones de control. La revisión resulta relevante para cautelar el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos municipales, especialmente porque, tras la suscripción de un convenio, la comuna de Santa Rosa recibirá una inversión de S/ 5 millones 600 mil del Gobierno Regional de Áncash para ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación del canal de Paccha.

La magnitud de esta inversión hace necesario que los procedimientos de contratación, la ejecución de las obras y el manejo de los fondos públicos se desarrollen con transparencia y estén sujetos a la fiscalización correspondiente.

Escrito por:

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Miembro del Colegio de Periodistas de Lima (CPL). Director periodístico de BGN Noticias, con experiencia en la elaboración y análisis de contenidos sobre política y sociedad.

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