Purga en todo el país.
La Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, dió por concluido el contrato de Manuel Rojas Saldívar que se venía desempeñando como Defensor Público de Pallasca, cuya sede se encuentra en Cabana, capital de la provincia de Pallasca.
La decisión ya le fue notificada, debiendo cumplir su contrato hasta el lunes 31 de octubre, fecha en que deberá dejar su plaza.
Además de Rojas Saldívar, hay otros 13 defensores públicos y una administrativa cesados pertenecientes a la oficina de Chimbote, ellos son Rosana Rojas Álvarez, Nelly Vera Saavedra, Richard Sarmiento García, Rosa Viviana Cavero Corcuera, Félix Dextre Díaz, Rogelio Zúñiga Huerta, Sandra Fanny Gaytan Miñano, Jorge Luis Yep Araujo, Edwin Yomona Yomona, Susy Lorena Montero León, Dennis Paredes Obeso, Omar Medina de la Cruz y José Carbajo Beltrán. Linda Budinich Echevarría es la administrativa cesada.
Consultada al respecto, la jefa encargada de la Defensoría Pública del Santa, Nelia Ramírez León, explicó que para declarar a la prensa, primero tenía que contar con una autorización de Lima y en segundo lugar no tenía nada que agregar, pues son decisiones de la alta dirección.
Los casos que venían conociendo estos defensores en sus respectivas jurisdicciones (Chimbote, Nuevo Chimbote, Pallasca y Huarmey) serán asumidos por sus colegas que aún permanecen en sus cargos, hasta que se vuelvan a cubrir dichas plazas.
Los cesados forman parte de un total 400 defensores públicos y trabajadores en todo el país que cesó la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia.
