La Defensoría del Pueblo en Chimbote intervino en el caso de una joven de 22 años con discapacidad, víctima de violencia sexual, en el distrito de Conchucos, Pallasca, Áncash, quien permaneció más de dos meses sin atención psicológica, sin defensa legal y sin evaluación en cámara Gesell, pese a su situación de extrema vulnerabilidad.
Defensoría detecta abandono en caso de violencia sexual
El hecho de violencia sexual ocurrió en noviembre del año pasado. Sin embargo, hasta enero, la víctima no recibió atención integral del Estado. La situación se agravó debido a su condición de discapacidad y a la ausencia de seguimiento institucional oportuno.
La intervención se activó cuando la madre de la joven acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo en Chimbote para solicitar ayuda. Ante esta denuncia, la entidad inició acciones inmediatas para restituir los derechos de la víctima.
Atención psicológica coordinada en Chimbote y Pallasca
Como primera medida, la Defensoría coordinó con el Centro de Salud Mental Comunitario Dos de Junio, en Chimbote, para que la joven reciba atención psicológica especializada.
De forma paralela, se gestionó la continuidad del tratamiento en el centro de salud de Conchucos, Pallasca, localidad donde reside la víctima. Esta articulación busca evitar la interrupción del proceso terapéutico y garantizar una atención sostenida en su entorno.
Cámara Gesell y apoyo social en evaluación
La jefa de la sede defensorial en Chimbote, Roslin Villanueva, informó que solicitó al juzgado de investigación preparatoria de Cabana, Pallasca, un pronunciamiento urgente sobre el pedido del Ministerio Público para realizar la prueba en Cámara Gesell. Como resultado, el juzgado programó dicha diligencia para este mes.
Además, la Defensoría recomendó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Conchucos Javier Alayo, evaluar la situación socioeconómica de la joven para su posible incorporación al Programa Contigo, orientado a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.
La Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá vigilancia permanente sobre este caso. La atención tardía a víctimas de violencia sexual con discapacidad evidencia brechas graves en la respuesta estatal y refuerza la urgencia de una actuación rápida, articulada y con enfoque de derechos.
