Cuando un extranjero piensa en el Perú, la imagen de Machu Picchu surge de inmediato. La ciudadela inca simboliza historia, identidad y atractivo turístico global. Sin embargo, esa postal mundial hoy enfrenta una crisis en Machu Picchu que amenaza su sostenibilidad, su reputación y su aporte económico al país.
Un reciente libro del Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Instituto Cusqueño de Economía advierte un deterioro acelerado en la calidad de la visita al santuario histórico. Desde 2020, Machu Picchu dejó de recibir cerca de cinco millones de turistas respecto a su tendencia prepandémica. El problema no responde solo a la pandemia, sino a una cadena de decisiones políticas deficientes.
Millones en ingresos, mínima inversión real
Machu Picchu genera alrededor de S/215 millones anuales por derechos de admisión. No obstante, el Estado destina apenas S/7 millones al año para su conservación y gestión directa. El resto del dinero financia otras necesidades culturales del país. Esta decisión debilita la infraestructura, limita mejoras urgentes y expone al santuario a un desgaste prematuro.
El impacto resulta evidente. Menos mantenimiento, menos servicios y una experiencia turística que pierde valor frente a destinos internacionales mejor gestionados. La crisis Machu Picchu no nace por falta de recursos, sino por prioridades mal definidas.
Desorden, bloqueos y una experiencia turística deteriorada
La gestión del acceso agrava el problema. La venta desordenada de boletos en Machu Picchu Pueblo genera incertidumbre, colas interminables y costos adicionales para los visitantes. Esta modalidad, autorizada durante la gestión de la entonces ministra de Cultura, Betssy Chávez, hoy condenada, convirtió el ingreso en una apuesta incierta.
A ello se suman bloqueos recurrentes impulsados por intereses locales. Hace apenas tres meses, un conflicto por la licitación del transporte desde Aguas Calientes paralizó el acceso. El turista internacional, que planifica con meses de anticipación, percibe un destino impredecible y opta por descartarlo.
La crisis en Machu Picchu no solo afecta al visitante. Impacta directamente en la economía local, en operadores formales y en la imagen del Perú como destino confiable.
Soluciones conocidas que el Estado se niega a ejecutar
El camino para revertir esta situación existe desde hace años. El Plan Maestro 2015-2019, aún vigente, el Plan de Uso Público y otros documentos elaborados junto a la Unesco detallan acciones concretas. Entre ellas figuran un sistema integral de reservas online, la habilitación de nuevas rutas del Camino Inca, mejor articulación vial y la construcción de centros de visitantes.
Otros países aplican estas medidas con éxito. El Perú no las ejecuta por falta de voluntad política. La crisis en Machu Picchu refleja la captura de la gestión pública por intereses pequeños y cortoplacistas.
Alerta y llamado a la acción
Si Machu Picchu colapsa, el daño será irreversible. El país perderá ingresos, prestigio y una oportunidad histórica de desarrollo sostenible. El Estado debe priorizar su principal activo turístico, transparentar la gestión y ejecutar los planes ya aprobados.
