La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó ayer el proyecto de la Contraloría General de la República que propone prohibir la suspensión de la pena a los funcionarios o servidores estatales que incurran en delitos contenidos en el Código Penal.
Durante el debate, la parlamentaria Rosa Mavila consideró que la norma respeta la proporcionalidad y racionabilidad de la pena, argumento con el que refutó la posición de la legislador fujimorista Martha Chávez, quien sostuvo lo contrario.
Mavila enumeró algunos de los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos a los que se refiere esta iniciativa como concusión, peculado, colusión, patrocinio ilegal, malversación de fondos, entre otros.
Asimismo, dijo que en la actualidad los jueces imponen penas muy leves a los procesados por delitos de corrupción.
Como ejemplo, mencionó que de 243 casos involucrados a este tipo de actos ilegales solo 11 implicados resultaron con penas privativas de la libertad, mientras que el resto con condenas suspendidas.
Heriberto Benítez (SN), por su parte, consideró que los magistrados del Poder Judicial podrían interpretar que de esta manera el Parlamento pretende imponerles qué sanción darán a los procesados por actos de corrupción.
Por otro lado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que amplía los plazos de prescripción para los delitos de corrupción de funcionarios, iniciativa que había sido observada anteriormente por el pleno
Del mismo modo, aprobó el predictamen que plantea desjudicializar el proceso de desalojo de ocupante precario, los procesos judiciales de desalojo y reducir los riesgos de contratación de arrendamiento.
También se aprobó con algunas modificaciones el predictamen que promueve la difusión de las resoluciones y demás disposiciones del Consejo Nacional de la Magistratura en su portal institucional a fin de llegar a más ciudadanos, informó el Parlamento
