El Procuraduría General del Estado, denunció a congresista Rosio Torres por presuntamente obligar a los trabajadores de su despacho entregarle una parte de sus sueldos.
El procurador Daniel Soria Luján, solicitó al Ministerio Público que se inicien las diligencias preliminares contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP).
La parlamentaria habría obligado a los trabajadores de su despacho congresal a depositarle un porcentaje de sus sueldos. El ilícito se habría cometido con apoyo de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
Ellos habrían obligado a entregar un tercio de sus salarios como “colaboración”, monto que se incrementaba en los meses en los que el Legislativo hacía el pago de las gratificaciones y el bono de escolaridad.
El caso fue expuesto públicamente por el dominical «Punto Final» de Latina TV, el último domingo 2 de abril.
“Solicito el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, el mismo que se encuentra comprendido en el artículo 382° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano”, se lee en el documento enviado por Daniel Soria Lujan.
Como respuesta al reportaje, el despacho de Rosio Torres emitió un pronunciamiento negando la denuncia: «Con relación al informe periodístico emitido en el programa ‘Punto final’ de Latina, el despacho de la congresista Rosio Torres pone en conocimiento que… (la legisladora) niega tajantemente que haya requerido —directa o indirectamente— pago alguno a los trabajadores de su despacho y deslinda cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados».
Por ello, la legisladora de APP sostuvo que colaborará con las investigaciones: «Este despacho congresal solicitará una investigación exhaustiva sobre los hechos expuestos. La congresista Torres Salinas se pone a disposición de las autoridades respectivas y solicitará licencia de la Comisión de Ética mientras se esclarezcan esos hechos».
En tanto, desde APP optaron por separarla de la Comisión de Ética y anunciaron que esperan sus descargos y, como primera medida, anunciaron su retiro de la Comisión de Ética por cobrar coimas a trabajadores de su despacho: «A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procederemos con el cambio de la congresista Rosio Torres de la Comisión de Ética», dice el comunicado de APP.
