El Poder Judicial prolongó por 18 meses la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
«El fallo, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declara fundado el requerimiento de la Fiscalía; en consecuencia, revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses», señaló en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
En su sentencia, la sala presidida por el juez supremo César San Martín toma en cuenta varios factores clave, entre ellos el peligro de fuga, la proporcionalidad de la gravedad del hecho y la complejidad de la causa.
La defensa del encausado, Castillo Terrones, argumenta que el juez introdujo argumentos nuevos y otros hechos, supliendo así la postulación del fiscal. Sin embargo, tal planteamiento no se acepta.
Persiste el peligro de fuga del expresidente.
La resolución enfatiza que lo esencial para establecer la congruencia entre la solicitud de la parte y la resolución del juez es la comparación entre la pretensión y la parte resolutiva de la resolución.
Según el documento, “El juez no introdujo hechos nuevos o distintos. El fiscal fijó su pretensión (causa de pedir y petición) de modo claro y a ella se ha referido el juez”.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces gobernante emitió desde Palacio de Gobierno un mensaje a la nación, considerado un autogolpe, debido a que dispuso el cierre temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, la convocatoria en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Legislativo y la reorganización del sistema nacional de justicia.
Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Anguía en el penal Barbadillo (distrito limeño de Ate), es investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
La prolongación de la prisión preventiva refuerza el enfoque del sistema judicial en la gravedad y la complejidad de los casos en los que está involucrado el exmandatario, subrayando el riesgo percibido de que pudiera eludir la justicia.
