Un exalcalde y exregidores de la municipalidad distrital de Conchucos, provincia de Pallasca, vienen afrontando juicio oral en Chimbote, acusados de participar en la apropiación de los recursos del canon y sobrecanon de la comuna conchucana.
Se trata del exalcalde Roger Corales Ponce, que en el año 2005 cuando ocupaba el sillón municipal, según la tesis fiscal, se apropió ilícitamente de fondos públicos mediante la emisión de cheques. Pero el exburgomaestre no habría actuado solo, sino en complicidad de sus coprocesados en libertad, como son: Jaqueline Rojas Miranda (tesorera), Manuel Primitivo Herrera Salinas, Luz Florinda Rosales Gil, Marcelino Salinas Remigio, Santiago Javier Alayo Remigio y Andrés Mariños Alcántara sindicados como autores del ilícito. Todos ellos, junto a Vicente Anticona Eusebio, considerado cómplice, están acusados de haber cometido el delito contra la administración de justicia en la modalidad de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado-Municipalidad distrital de Conchucos.
Varios cheques cobrados, fueron a parar directamente a la cuenta bancaria del exalcalde, según refieren sus coprocesados, en sus declaraciones ante el representante del Ministerio Público.
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Corales Ponce, se encuentra encarcelado en el penal de “Cambio Puente” cumpliendo prisión preventiva de 18 meses, acusado por los delitos de concusión y extorsión, que los habría cometido en este año, cuando se desempeñaba como gerente del Instituto Vial Pallasca (IVP), adscrita a la municipalidad provincial que dirige Manuel Hidalgo Sifuentes.
Esta otra denuncia contra Corales Ponce, fue presentada por el exalcalde conchucano (2010-2014) Juan Miranda Tirapo y se encuentra en el expediente 00037-2012-0-2501-PJ.
El día de ayer se cumplió la tercera audiencia de juicio oral en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia Superior del Santa, integrada por los jueces Daniel Vásquez Cárdenas, Walter Lomparte Sánchez y Mardeli Carrasco Rosas.
Por los graves hechos imputados, según la Ley Nº 30111, los procesados podrían ser sancionados con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y también con 180 a 365 días-multa. Esto último podría variar cuando el valor de lo apropiado sobrepase las diez unidades impositivas tributarias. En ese caso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 12 años y adicionalmente con 365 a 730 días-multa.