Perú

Corte Suprema defiende la independencia judicial y rechaza presiones políticas

La independencia judicial en el Perú recibió un respaldo institucional firme luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema emitiera un pronunciamiento en el que rechazó presiones, amenazas e intentos de interferencia sobre las decisiones de los jueces, en defensa del Estado constitucional de derecho.

La Corte Suprema fija posición frente a presiones externas

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República se reunió en sesión extraordinaria en Lima, el 30 de enero de 2026, y aprobó un pronunciamiento oficial para defender la independencia judicial en el Perú. El máximo órgano del Poder Judicial recordó que el país se organiza bajo el principio de separación de poderes y que la crítica ciudadana debe respetar el marco democrático.

El documento enfatiza que ningún actor político, funcionario público o grupo social puede condicionar decisiones judiciales mediante amenazas, intimidaciones o censura. Según el pronunciamiento, estas conductas dañan la convivencia democrática y debilitan el desarrollo nacional.

Rechazo a la injerencia política y al uso del poder disciplinario

La Corte Suprema rechazó de forma expresa cualquier intento de imponer sanciones, controles políticos o medidas disciplinarias como represalia contra resoluciones judiciales legítimas. El texto advierte que estas prácticas erosionan el sistema de justicia y afectan, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, el Poder Judicial alertó sobre el uso indebido del poder político para presionar a jueces o fiscales. En ese sentido, reafirmó que solo un sistema judicial autónomo puede garantizar derechos fundamentales, dignidad humana y acceso efectivo a la justicia.

La independencia judicial en el Perú se presenta, según el pronunciamiento, como una condición indispensable para que la justicia funcione como un servicio público orientado al bien común.

Compromiso institucional con la Constitución y los derechos humanos

En el cierre del pronunciamiento, la Corte Suprema ratificó su compromiso de ejercer la función jurisdiccional sin temor ni sometimiento, con sujeción exclusiva a la Constitución y a la ley. El Poder Judicial aseguró que no cederá ante imputaciones infundadas ni agresiones que busquen instrumentalizar el control político o punitivo.

Este mensaje institucional refuerza el rol del Poder Judicial como garante de los derechos humanos y del equilibrio democrático. Además, plantea un llamado indirecto a la ciudadanía y a las autoridades para respetar la autonomía judicial como base de una convivencia pacífica y estable.

La defensa pública de la independencia judicial marca un precedente clave en un contexto de alta tensión política. Su respeto no solo fortalece la democracia, sino que protege a la ciudadanía frente a abusos de poder.

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