En Pallasca hay dos (02).
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote alertó que las provincias del Santa y Pallasca concentran el 31 % del total de los conflictos sociales que se han registrado durante mayo en Áncash. De acuerdo al último reporte emitido por la entidad, 5 de los 16 conflictos registrados en la región tuvieron lugar en estas dos provincias.
Uno de los conflictos en condición de “activo” es el que se mantiene en el caso de los excomerciantes del que fue el mercado El Progreso, quienes fueron desalojados de un terreno que ocupaban desde hace más de 40 años para facilitar la construcción de un establecimiento de salud. Sin embargo, la Municipalidad Provincial del Santa aún no ha cumplido con su compromiso de habilitar totalmente el Coliseo Paul Harris para su ocupación de manera temporal. Además, actualmente no hay diálogo entre las partes.
La provincia del Santa también registra otros conflictos denominados «latentes». Uno de ellos se presenta en el distrito de Coishco, referido a la presencia de un botadero de basura cerca al túnel de esta localidad; mientras que, en el distrito de Cáceres del Perú, la población del caserío Huarupampa denuncia la contaminación del río que utilizan para el consumo humano y para las actividades agrícolas, por parte de una empresa que viene ejecutando obras en la carretera de acceso a dicha comunidad.
Por su parte, en el distrito de Pampas, de la provincia de Pallasca, la ciudadanía demanda el cumplimiento de diversos compromisos a cargo de la empresa minera Tungsteno Málaga del Perú. Además, se oponen a la construcción de minicentrales hidroeléctricas por parte de la empresa Hydrika Generación SAC , por temor a que se genere escasez de agua para la agricultura y consumo humano. Finalmente, en esta provincia se mantiene en observación el caso de la movilización que protagonizó, en febrero último, un grupo de pobladoras y pobladores de la ribera del Marañón del distrito de Conchucos para reclamar la ejecución de obras viales y de saneamiento.
Ante estas cifras, la coordinadora del módulo de Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, instó a las autoridades de los distintos niveles a reforzar el diálogo con la ciudadanía al ser la mejor herramienta para solucionar los diversos conflictos socioambientales y de carácter municipal. «Los reportes de conflictos sociales son un instrumento de monitoreo que tiene la Defensoría del Pueblo y que deben tomar en cuenta las autoridades, a fin de promover el diálogo y evitar que las crisis se agudicen», explicó la representante de la entidad.