El Poder Judicial dictó hoy cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La decisión ocurre tras años de investigaciones por los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, y marca un nuevo capítulo en la crisis política que confronta Perú.
El juez Jorge Chávez Tamariz justificó su resolución al señalar que existe peligro procesal y riesgo de fuga, además de un comportamiento procesal cuestionable por parte del acusado. La medida se aplicó inmediatamente al término de la audiencia, y el INPE ya decidió que el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, será donde cumplirá esta cautelar.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, respaldó la decisión. Consideró la medida “razonable” ante el avance del juicio oral y estimó que, por la fuerza abrumadora de las pruebas, podría dictarse una condena ejemplar en aproximadamente un mes.
Abogado de Martín Vizcarra considera «arbitraria» la prisión preventiva y que se cedió «ante la presión mediática».
En contraposición, Erwin Siccha, abogado de Vizcarra, calificó la decisión como resultado de “presión política”. Denunció que la resolución judicial pareció redactada con antelación, y cuestionó que se haya afirmado falta de arraigo familiar pese a que el expresidente reside con su esposa e hijos. Anunció que apelarán de inmediato.
Esta detención convierte a Vizcarra en otro exmandatario tras las rejas. Entre los expresidentes actualmente presos están Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, mientras que Alberto Fujimori fue el primero en cumplir condena, aunque recibió indulto en 2023.
La orden de cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra profundiza la sensación de inestabilidad política en Perú. Mientras él y su defensa califican la medida de injusta, la Fiscalía confía en que pruebas contundentes conducirán a una sentencia de carácter ejemplar. La decisión deja en claro que la justicia procura avanzar pese al ruido político, y que el juicio aún promete capítulos cruciales por delante.