César Álvarez sentenciado a 19 años de prisión por «La Centralita» 

El fin de una era de corrupción en Áncash.

César Álvarez Aguilar recibe sentencia de 19 años y 6 meses de prisión por el caso «La Centralita»: El fin de una era de corrupción en Áncash.

El caso “La Centralita” es uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos de la historia reciente de Perú, un episodio que no solo sacudió las estructuras del poder político en la región de Áncash, sino que también dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de la nación.

Este 2025, el expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, recibió una sentencia de 19 años y 6 meses de prisión por su participación en una red criminal que operaba desde las entrañas del poder político.

La sentencia, dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial, lo encontró culpable de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, lo que marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país.

El origen del caso “La Centralita”

El caso “La Centralita” no es solo una historia de corrupción política; es la narrativa de cómo un grupo de funcionarios y empresarios se unieron para saquear las arcas del Estado en un esquema tan bien organizado que, por años, pasó desapercibido. La “Centralita” era el nombre clave de una red de corrupción que operaba desde la gobernación regional de Áncash, bajo la dirección de César Álvarez Aguilar. Esta red no solo se dedicaba a la malversación de fondos públicos, sino que también implementó un sistema para manipular las decisiones políticas y judiciales en la región.

La central de operaciones de esta red no era un edificio clandestino o una red oculta en la oscuridad, sino una estructura que tenía su propio “centro de comando” dentro del gobierno regional. Desde allí, se controlaban contratos de obras públicas, se entregaban favores políticos y, lo que es más grave, se alteraban procesos judiciales mediante la manipulación de jueces y fiscales. Fue una red que logró operar con tal nivel de impunidad que nadie sospechaba de su existencia hasta que la investigación comenzó a desenmarañar las conexiones y los detalles.

César Álvarez: De líder político a líder de una organización criminal

César Álvarez Aguilar fue una figura prominente en la política de Áncash, conocido por su fuerte liderazgo en la región. Como presidente regional, tenía la responsabilidad de administrar los recursos del Estado para el beneficio de la población. Sin embargo, la corrupción se instauró como la herramienta principal para alcanzar poder y riqueza personal.

Álvarez Aguilar, según la Fiscalía, encabezó una organización criminal que operaba desde el gobierno regional, utilizando las estructuras del Estado para beneficiar a empresarios, políticos y allegados a cambio de sobornos y favores. Lo que comenzó como un presunto manejo irregular de recursos se transformó rápidamente en una estructura delictiva sofisticada que no solo afectó las finanzas públicas, sino que también corrompió el sistema judicial y las instituciones que debían velar por la justicia.

El expresidente regional, quien gozaba de una considerable popularidad en su región, construyó una red de relaciones personales y empresariales que le permitieron obtener recursos de manera ilícita. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, Álvarez no solo se benefició personalmente de estos actos, sino que también utilizó su poder para perseguir a opositores políticos y neutralizar a aquellos que amenazaban su dominio.

La sentencia a César Álvarez: Un paso adelante en la lucha contra la impunidad

El fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial es un momento crucial en la historia de la justicia en Perú. César Álvarez Aguilar recibió una condena de 19 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, lo que cierra un capítulo oscuro en la política peruana. La pena se computará desde el tiempo que Álvarez lleva en prisión, por lo que cumplirá su condena el 6 de septiembre de 2039.

La sentencia es significativa no solo porque implica una condena de alta magnitud, sino también porque marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en las regiones del país. Durante años, casos como el de “La Centralita” parecían quedar impunes debido a la falta de pruebas contundentes o la manipulación de las instituciones. Sin embargo, con este fallo, la justicia ha logrado poner freno a una de las estructuras de poder más poderosas y corruptas que operaban en el país.

La implicación de otras personas y empresas

Aunque César Álvarez Aguilar es la figura principal en este caso, no fue el único condenado. En la sentencia también se incluyen a otras personas naturales y jurídicas que formaban parte de la red de corrupción. Algunos empresarios que recibieron contratos fraudulentos y realizaron pagos ilícitos para asegurar el éxito de sus negocios bajo la administración de Álvarez también enfrentaron condenas.

Entre ellos, destacan aquellos vinculados a la construcción de obras públicas que fueron sobrefacturadas para generar pagos indebidos y que, en muchos casos, nunca se realizaron.

Además de las personas, varias empresas actuaron como cómplices en la trama de corrupción. Estas empresas no solo se beneficiaron de contratos públicos ilegales, sino que también se vieron involucradas en el lavado de activos, trasladando dinero obtenido de forma ilícita a través de distintas operaciones financieras para blanquearlo y hacer parecer que era legítimo.

Los otros, sentenciados por «La Centralita»

• Martín Belaúnde: 4 años y 6 meses (suspendida)
• Luis Arroyo Rojas: 5 años y 6 meses
• Ángel Álvarez Aguilar: 7 años, 6 meses (lavado de activos) se hará efectiva una vez que la condena, quede firme.
• Jorge Luis Carmen Ramos: 12 años (asociación ilícita para delinquir y lavado de activos). Con orden de captura.
• José Luis Cavassa Roncalla: 7 años y 6 meses (lavado de activos).
• Víctor Cerna Báez: 9 años y 9 meses (peculado y colusión) se hará efectiva una vez que la condena, quede firme.
• Carmina Cortez Roque: 1 año y 6 meses (suspendida) por el delito de peculado de uso.
• Juan Espinoza Linares: 5 años (suspendida) (Asociación Ilícita para Delinquir)
• Mario Fatelevich Sagal recibió una condena de 7 años y 9 meses y deberá ser capturado.
• Arnulfo Moreno Corales: 13 años y 6 meses (peculado y colusión) cumple prisión preventiva.
• Abel Ramírez Huayaney: 5 años y 1 mes (asociación ilícita para delinquir) se hará efectiva una vez que la condena, quede firme.
• Juan Sánchez Oliva: 5 años (suspendida) (asociación ilícita para delinquir)
• Regina Soto Pajuelo: 4 años (suspendida)
• Dirsse Valverde Varas: 15 años (lavado de activos)
• Nelson Vásquez Baca: 5 años (suspendida) (asociación ilícita para delinquir).

El impacto de la sentencia en Áncash y el país

El impacto de la sentencia contra César Álvarez Aguilar no se limita solo al ámbito legal. Este caso resuena en la región de Áncash y en todo el país, ya que revela cómo los políticos y empresarios han aprovechado su poder para delinquir durante años, sin rendir cuentas ante la justicia.

El hecho de que un expresidente regional de Áncash haya sido condenado a una larga pena de prisión envía un mensaje claro a todos aquellos que piensan que pueden utilizar el poder público para enriquecerse ilícitamente: la impunidad no es eterna. Esta sentencia demuestra que, aunque la corrupción esté profundamente enraizada en algunas instituciones, la justicia puede prevalecer si se cuenta con las herramientas adecuadas para investigarla y sancionarla.

Un futuro incierto para Áncash, tras la sentencia de César Álvarez

Para Áncash, la sentencia contra César Álvarez Aguilar marca el cierre de un ciclo de corrupción política. Sin embargo, la región sigue enfrentando una serie de desafíos. Las instituciones públicas deben trabajar para reconstruir la confianza de la ciudadanía, que ha sido gravemente afectada por los escándalos de corrupción que se sucedieron bajo la administración de Álvarez y sus aliados.

El futuro de Áncash depende de un esfuerzo conjunto para fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia en la gestión pública y garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera adecuada para mejorar la vida de los ciudadanos. La sentencia es solo el primer paso; ahora es necesario un compromiso continuo para erradicar la corrupción y restaurar el orden y la justicia en la región.

Reflexión final: ¿El fin de la impunidad?

El caso de César Álvarez Aguilar y la sentencia que ha recibido son un recordatorio de la importancia de la lucha contra la corrupción en Perú. A pesar de los intentos por frenar las investigaciones y proteger a los implicados, la justicia finalmente ha logrado prevalecer. La condena representa un paso crucial y también un llamado a continuar con el trabajo arduo de fortalecer las instituciones y garantizar que sancionen a los culpables de corrupción, independientemente de su poder o posición.

A medida que la sociedad avanza, los ciudadanos deben exigir una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso por parte de sus autoridades para asegurarse de que casos como el de “La Centralita” no vuelvan a ocurrir. El fin de la impunidad está más cerca, y con sentencias como la de Álvarez, Perú muestra que la justicia, aunque lenta, siempre tiene el poder de prevalecer.