Trabajadores administrativos ya no cobrarán el «plus»
El «bono de productividad» o también conocido como que venían cobran los trabajadores nombrados en el sector educación desde el año 2011 hasta la fecha, ya no será pagado, al quedar terminantemente prohibido, según el oficio múltiple N.º 185-2020-ME-GRA-DREA-D de la Dirección Regional de Educación de Áncash – DREA dirigido a las 20 UGEL de la región.
La citada Resolución, de fecha 24 de setiembre, lleva la firma de la directora (e) Ericka Otárola Guillén. Se precisa en forma tajante que los llamados «bonos de productividad” aprobados por Resolución de la Gerencia Regional N.º 128-2011-GRA/GRAD, con la firma del expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, no deberá pagarse hasta que las instancias judiciales determinen con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y en ejecución.
Por otro lado, el oficio múltiple, precisa que en el numeral 10 del artículo 2º, «Son sentencias judiciales en calidad de cosas juzgadas y en ejecución, aquellas que se encuentren en ejecución de sentencia y con requerimiento judicial de pago expreso, sin que se encuentre pendiente de resolver en un órgano jurisdiccional, algún recurso, proceso u otra acción».
Al final, alude al Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, donde en su artículo 73º señala que el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al presupuesto institucional, la que se encuentra en armonía con la Ley N.º 28411- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Cuestionados Bonos de Productividad
Mucho antes que se prohibiera pagar estos cuestionables Bonos de Productividad, el pasado 6 de agosto, el Consejo Regional de Áncash, había acordado denunciar a quienes resulten responsables de su cobro en el sector educativo, comenzando por el titular de la DREA de ese entonces, José Mejía Solórzano, quien admitió que cobraba ese dinero.
La misma Contraloría General de la República, había emitido informes al GORE Áncash, alertando que el pago de los bonos de productividad era ilegal y que no debería pagarse, recomendando tomar medidas correctivas del caso.