La contraloría determinó que el Gobierno Regional de Áncash pagó más de 6 millones de soles, por trabajos deficientes, inconclusos o no ejecutados que causaron pérdidas.
Se trata de la obra de «Mejoramiento y Ampliación del Centro Recreacional Temático Cultural de Recuay», cuya construcción empezó sin tener disponible el total del terreno.
Además, se realizaron en una zona de alto riesgo, es decir, en la faja marginal del río Santa, Áncash. Estos hechos ocasionaron en la entidad un perjuicio por S/ 6 219 270.
La obra permanece abandonada e inconclusa desde diciembre del 2018 y actualmente luce deteriorada.
Su ejecución demandó una inversión de S/ 7 870 100 y contempló la construcción de un circuito peatonal y de bicicletas, cancha de grass sintético, zona recreativa, una laguna artificial, estacionamiento, módulos administrativos, patio de comidas, entre otras áreas.
Para iniciar los trabajos, el consorcio pidió un adelantó del 10% del valor de la obra, contemplado en el contrato; sin embargo, las labores se iniciaron con retraso injustificado.
Según el informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 040-2022-2-5332, cuyo periodo de evaluación fue de julio del 2017 a enero de 2020, funcionarios de la entidad regional pagaron seis valorizaciones a favor del contratista sin realizar observaciones.
Además, aun cuando tenían conocimiento que parte de la obra fue ejecutada sin autorización dentro de la faja marginal (cerca de la ribera) del río Santa, en una zona de muy alto riesgo, en donde está prohibido realizar edificaciones, solo actividades de forestación.
Cabe precisar que, mediante un informe de visita de control, en noviembre del 2018, la Contraloría observó oportunamente el pago de valorizaciones con metrados no ejecutados por S/ 1 798 980, a favor del contratista, quien, a octubre de ese año, reportó un 82% de avance; no obstante, apenas tenía un 58.4% un de avance real, evidenciándose retraso en la ejecución, por lo que correspondía resolver el contrato y aplicar penalidades.
A pesar de las irregularidades advertidas, el GORE Áncash no adoptó las medidas correctivas, por el contrario, continuó con la ejecución de la obra, la misma que fue suspendida en diciembre de ese mismo año debido a las malas condiciones climatológicas.
Seis funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa, debido a ello el informe fue notificado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y al titular del Gore Áncash para el inicio de las acciones correspondientes.