La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Áncash inició una investigación por las presuntas amenazas contra periodista Harold Portella Llanos, reportero de Casma. El caso salió a la luz luego de la difusión de mensajes enviados por WhatsApp que incluían imágenes y videos de un arma de fuego. Las intimidaciones aparecieron después de que el comunicador informara sobre una denuncia contra un alférez PNP acusado de apropiarse de una billetera con 1300 soles.
Fiscalía investiga amenazas contra periodista en Casma
La fiscal provincial Ada del Rocío Príncipe Asencios, a cargo del despacho especializado con sede en Huaraz, dispuso las primeras diligencias para esclarecer el caso. El Ministerio Público busca identificar a los responsables y garantizar la seguridad del hombre de prensa.
Las amenazas contra periodista se conocieron mediante publicaciones en redes sociales. Según la información difundida, desconocidos utilizaron números clandestinos para exigir que Portella deje de informar sobre la investigación policial.
El hecho genera preocupación en Áncash debido al incremento de denuncias vinculadas a hostigamientos y presiones contra comunicadores que cubren casos de corrupción o abuso de autoridad.
Caso de amenazas contra periodista involucra denuncia policial
Harold Portella informó días atrás sobre una denuncia presentada contra un alférez PNP de apellido Santillán. El oficial habría retenido una billetera con dinero perteneciente a un intervenido.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo en los exteriores del local Hatun Rose, en la provincia de Casma. Tras la publicación periodística, comenzaron los mensajes intimidatorios.
Tras las amenazas el periodista, señaló que teme por su integridad y pidió garantías para continuar ejerciendo su labor informativa.
Libertad de prensa en riesgo por amenazas
El caso volvió a encender el debate sobre la seguridad de los hombres de prensa en Áncash y Casma. Diversos sectores consideran que las amenazas contra periodista representan un intento de intimidar el trabajo informativo.
Especialistas recuerdan que atacar o presionar a periodistas afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre hechos de interés público.