Ugel Pallasca ¿Quién la fiscaliza?

de 2016 al 2020 recibió 169 millones de soles

Tras sufrir mucha inestabilidad en su manejo administrativo, que la llevó a tener hasta cinco directores en el año 2014; en agosto de 2016, Estuardo Díaz Robles, vía concurso, llegó como director de la Ugel Pallasca, aunque quedó tercero y último en la tabla de puntuación dentro de la terna, fue propuesto por la Dirección Regional de Educación de Áncash –DRE Áncash– al Ministerio de Educación (Minedu) como N° 1, por el encarcelado exgobernador Waldo Ríos Salcedo y así asumió el cargo.

Tras las promesas iniciales y buenos augurios acompañados de “Cambiemos la educación, cambiemos todos”, empezó esta administración que lleva un quinquenio al frente de la educación pallasquina y que tiene muy pocos avances que mostrar. La millonaria inversión recibida del gobierno para que docentes y alumnos tengan las mejores condiciones de enseñanza- aprendizaje; a la luz de la realidad, dista mucho a lo que se requiere y su calidad de ejecución deja mucho que desear.

En ese sentido persisten las deficiencias de conectividad de Internet en las instituciones educativas, falta medios fungibles, insuficientes infraestructuras, etc., por otro lado, viendo la mejora en el capital humano ¿Cuántas capacitaciones ha realizado a los docentes? ¿Sobre qué versaron estas capacitaciones? ¿existe una medición sobre las mejoras de los estudiantes tras las capacitaciones? Ahora que el trabajo remoto es parte de lo cotidiano ¿Se les ha brindado capacitación a los docentes sobre el uso de la plataforma digital y sus otras aplicaciones? Más allá de las fotitos y videítos, ¿habrá estadísticas? ¿Y los pagos de preparación de clases?

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el periodo 2016-2020 la Ugel Pallasca dispuso de S/169,421,432 millones de soles para que lleve adelante sus actividades. Es decir, un promedio anual de más de 33 millones de soles, ejecutando casi la totalidad del presupuesto, que por cierto es muy superior a varias municipalidades pallasquinas juntas.

En todos estos años las denuncias por corrupción, pago de coimas, escasa transparencia, favoritismo en contratos de trabajo, entre otros, han enarbolado la gestión en esta institución; de allí, las múltiples denuncias en el Ministerio Público y la DRE Áncash. Los recursos públicos manejados por una cúpula  denunciada de cometer “supuestos” actos ilícitos, como el manejo de dinero público, «esconder» las plazas, adquisición de bienes y servicios, entre otros; todo ello manejado bajo la óptica de una empresa particular.

Sin embargo, la Ugel Pallasca, tiene su Oficina de Control Institucional -OCI-, que más allá de informes de orientación de oficio, hito de control o de visita de control, no ha revelado hallazgos importantes, como aquellos que la prensa independiente reveló y que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público. Entonces, ¿Qué pasó? Por eso, nos preguntamos con mucha incredulidad, ¿Será posible que el jefe de OCI, un funcionario pagado por la misma institución pueda fiscalizar realmente a quien le da trabajo? 

Esta situación debe de cambiar, porque no favorece el óptimo desarrollo educativo de los estudiantes, porque el Estado invierte millones que deben ser utilizados eficiente y transparentemente, para que los estudiantes egresen de las aulas académicamente competitivos y preparados   a afrontar exitosamente su provenir.

Los llamados en coadyuvar en primera instancia es el consejero por Pallasca, Martín Espinal Reyes, que no debe abdicar en sus obligaciones funcionales enmarcados en el Reglamento Interno del Consejo Regional de Áncash.

La otra instancia es la DRE Áncash actualmente dirigida de Marco Flores Blas, que hace tiempo mantiene en sus manos denuncias durmiendo el sueño de los justos y que no viene cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y operaciones.

Y finalmente la Contraloría, tal como ya lo hizo en otras entidades del Estado, debería seguir implementando las OCI, pero con personal propio, pagado y dependiente del ente de control, de manera tal, que el rol de fiscalización sea imparcial y  no tenga un atisbo de direccionalidad. Solo así se evitará se apañen irregularidades y posibles actos de corrupción.