Por salud y edad se aferra a ley humanitaria para no morir en prisión.
El expresidente Alejandro Toledo (2001–2006), condenado a 20 años y seis meses de prisión por recibir sobornos de Odebrecht, Toledo pide arresto domiciliario para cumplir su sentencia. La solicitud, presentada días después de cumplir 80 años, se ampara en la controvertida Ley N.º 32181, aprobada en diciembre de 2024. Esta norma permite a los adultos mayores de 80 años cumplir condenas con medidas restrictivas o arresto domiciliario por “razones humanitarias”.
El abogado de Toledo, Roberto Su, confirmó a Bolognesi Noticias que el pedido ya llegó al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho. “Hemos presentado el pedido hace más de un mes. El juez puede resolver directamente o convocar a una audiencia previa. Lo que ya debió hacer es notificar a la Fiscalía para que emita su opinión”, declaró Su.
Una ley que abre una puerta polémica
La Ley N.º 32181 modifica el Código Penal para permitir que los mayores de 80 años no cumplan su pena en prisión. El artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal establece medidas como comparecencia obligatoria, prohibición de salida del país, vigilancia supervisada o caución económica. El artículo 290, por su parte, contempla el arresto domiciliario bajo control judicial.
El Congreso aprobó esta norma con el argumento de proteger los derechos de adultos mayores enfermos o en estado vulnerable. Pero la ley no distingue el tipo de delito. Y eso ha despertado duras críticas desde varios frentes.
El abogado penalista James Rodríguez, en entrevista con Exitosa, alertó sobre las implicancias: “Esta norma no hace distinción alguna. Personas sentenciadas por corrupción, homicidio, violación o terrorismo podrán acogerse. Se genera un mal precedente de impunidad frente a quienes han saqueado el erario nacional. En buena forma, ya no estarán en el penal sino en su casa”.
Toledo pide arresto domiciliario: entre la justicia y la enfermedad
Alejandro Toledo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde su extradición desde Estados Unidos en abril de 2023. Entonces, ya había advertido sobre su delicado estado de salud. “Pido a la Justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, dijo entonces a la agencia EFE. Alegó padecer cáncer, hipertensión y una serie de dolencias que lo obligan a tomar 14 pastillas diarias.
En octubre del año pasado, pidió ser procesado en libertad. “Déjenme curar o morir en mi casa”, suplicó ante los jueces. Ahora, con 80 años cumplidos y la nueva legislación vigente, su defensa considera que cumple con todos los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley.
El caso está en manos del juez Concepción Carhuancho, el mismo magistrado que ordenó su prisión preventiva en 2017 y su posterior extradición. La decisión judicial, según explicó su abogado, puede emitirse de manera directa o tras una audiencia.
¿Una vía abierta para otros condenados?
El impacto de esta ley podría ir mucho más allá del caso Toledo. Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori y también mayor de 80 años, podría presentar un pedido similar. La semana pasada, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Rómulo Peñaranda, empresario vinculado a Odebrecht, a 35 años de cárcel. Sin embargo, el Poder Judicial le concedió arresto domiciliario debido a su edad: 82 años.
Estas decisiones comienzan a configurar una nueva jurisprudencia que cambia las reglas del juego en la lucha contra la corrupción y otros delitos graves. A pesar de las intenciones humanitarias detrás de la ley, su aplicación a casos emblemáticos de corrupción genera una percepción de impunidad.
“Con esta ley, Toledo terminará beneficiándose del dinero recibido por Odebrecht. El Congreso ha generado un mal precedente. Esperamos que el próximo Parlamento revise y corrija este tipo de normas”, insistió Rodríguez.
Toledo pide arresto domiciliario ¿Justicia o impunidad?
La polémica está servida. ¿Debe la justicia flexibilizar sus penas cuando se trata de adultos mayores enfermos, incluso si han sido condenados por graves delitos de corrupción? ¿O debe primar el principio de sanción y reparación del daño causado al país?
La solicitud de Toledo ha reabierto un debate urgente sobre cómo equilibrar los derechos humanos con la necesidad de castigar con firmeza los delitos que han debilitado la democracia y vaciado el Estado. Si el juez aprueba su arresto domiciliario, se enviará un mensaje potente: en el Perú, hasta los condenados más poderosos pueden volver a casa si cumplen con el número de velas en su pastel de cumpleaños.
¿Quién será el siguiente?
