A nueve meses de su implementación, los Juzgados de Flagrancia del Poder Judicial han procesado, de manera célere y eficaz, a 38,994 personas inmersas en 36,864 casos en todo el país relacionados, principalmente, a la delincuencia común, incumplimiento de alimentos y conducción en estado de ebriedad.
Así, desde que entró en vigor del Decreto Legislativo 1194 de flagrancia delictiva, el 29 de noviembre pasado, al 1 de setiembre de este año, se procesó a 3,608 por hurto y 1,991 por robo, lo cual demuestra la eficacia de estos órganos jurisdiccionales para atender casos referidos a la delincuencia común.
El efecto positivo de los juzgados de proceso inmediato también se hace patente con la pronta tramitación de 19,148 encausados por omisión a la asistencia familiar y 10,073 por conducción en estado de ebriedad, contribuyendo así a la descarga procesal, dado que los mencionados delitos constituyen más del 50 por ciento del total de casos de la especialidad penal.
Cabe anotar que los numerosos procesos que involucran a padres que incumplen con el pago de alimentos culminan, por lo general, con el acogimiento a la terminación anticipada de los imputados, lo que agiliza la duración de la causa a escasos días.
En tanto, los encausados por violencia y resistencia a la autoridad, que usualmente reciben difusión mediática, solo suman 595. Otros casos frecuentes son lesiones (765), delitos contra la salud pública (514) y corrupción de funcionarios (314).
Entre las Cortes Superiores de Justicia con mayor número de procesados se encuentran Lambayeque (4,600), Ica (3,342), La Libertad (2,532), Piura (2,509) y Arequipa (2,039), restando de este modo la sensación de impunidad.
Es importante indicar que la resolución de estos casos, en estricto respeto del debido proceso y de los derechos de las partes, se da en días o semanas, lo que en el proceso ordinario tardaba meses o años.
La implementación de los Juzgados de Flagrancia, a iniciativa del presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, opera en diversas líneas. Una de ellas se refiere a la expansión de estos órganos en el ámbito nacional y otra a su presencia en los municipios.