El Perú vivió uno de los episodios más críticos de su historia reciente con la renuncia de Manuel Merino a la presidencia. En apenas cinco días, su gobierno se desplomó por la presión ciudadana y las multitudinarias protestas que exigían respeto por la democracia. El país despertó el 15 de noviembre del 2020 en un escenario inédito: Perú sin presidente.
La crisis se desató luego de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra bajo la figura de “incapacidad moral”. Esa decisión, ampliamente cuestionada, provocó el rechazo de miles de peruanos que salieron a las calles en defensa de la institucionalidad. La represión policial dejó como saldo dos jóvenes muertos, Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de decenas de heridos. Estos hechos marcaron el punto de quiebre que precipitó la caída de Merino.
La renuncia se anunció al mediodía, en un mensaje breve en el que Merino admitió no contar con condiciones para seguir gobernando. Con su salida, el país quedó en un vacío de poder que obligó al Congreso a buscar una alternativa inmediata para restablecer el orden político.
Las jornadas de protesta también dejaron un mensaje poderoso: la ciudadanía reclamó transparencia, respeto por los derechos humanos y un liderazgo capaz de escuchar a los jóvenes. Las movilizaciones se convirtieron en símbolo de una generación que no tolera abusos ni decisiones alejadas de la voluntad popular.
En ese contexto, el Congreso enfrentó la presión de elegir una nueva Mesa Directiva que asumiera la presidencia de la República. La responsabilidad recayó en los legisladores, quienes debían recomponer la confianza perdida y garantizar una transición ordenada hacia las elecciones generales de 2021.
La comunidad internacional observó con preocupación lo que ocurría en Lima y otras ciudades del país. Organismos como la ONU y la OEA hicieron un llamado al diálogo y a la defensa de los principios democráticos. La atención mundial se centró en cómo el Perú enfrentaría la doble crisis: sanitaria por la pandemia y política por el vacío de poder.
El episodio de un Perú sin presidente no solo reflejó la fragilidad de la institucionalidad, sino también la fuerza de la ciudadanía organizada. El futuro inmediato dependía de que las nuevas autoridades respondieran al clamor social con medidas concretas y un compromiso real con la democracia. La renuncia de Merino dejó una lección imborrable: cuando la legitimidad se pierde, la voz del pueblo se impone.