El Poder Judicial ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pagar más de S/200 mil a la expresidenta Dina Boluarte por concepto de beneficios sociales y compensación económica. Con este fallo, Reniec pagará a Boluarte tras declararse fundada su demanda por despido arbitrario.
El fallo y los detalles del caso
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima resolvió a favor de Boluarte, quien en 2015 presentó una acción de amparo contra el Reniec. La mandataria alegó haber sido separada de su cargo sin justificación, luego de trabajar durante varios años como especialista en dicha entidad.
El fallo dispone que el Reniec cumpla con abonar a Boluarte los montos correspondientes por vacaciones truncas, compensación por tiempo de servicios (CTS) y daños derivados del cese irregular. La sentencia también ordena el pago de intereses legales acumulados.
Los argumentos judiciales
El tribunal consideró que Boluarte no recibió un proceso administrativo adecuado antes de su desvinculación y que la institución vulneró su derecho constitucional al trabajo. Además, se estableció que la demanda cumplía con los requisitos formales y de fondo, por lo que se reconoció la validez de la relación laboral que sostuvo con el Reniec.
Según fuentes judiciales, la resolución se emitió en octubre de 2025, y el fallo aún puede ser apelado por la parte demandada.
Repercusiones y contexto político
El fallo llega en un momento complejo para la mandataria, quien enfrenta diversas investigaciones fiscales y cuestionamientos políticos. Aun así, el dictamen refuerza su versión sobre las irregularidades que, según ella, marcaron su salida del Reniec antes de incursionar en la política nacional, y confirma que Reniec pagará a Boluarte tras años de disputa judicial.
El caso se suma a otros precedentes de servidores públicos que demandaron a entidades estatales por despido arbitrario, generando debate sobre la estabilidad laboral en el sector público.
Una victoria legal con implicancias políticas
Con este fallo, Dina Boluarte obtiene una victoria judicial significativa que podría tener repercusiones políticas y mediáticas. Más allá del monto económico, el reconocimiento del despido arbitrario proyecta una imagen de reivindicación institucional frente a la entidad donde comenzó su carrera pública.