Perú

Martín Vizcarra sentenciado a 14 años de prisión por corrupción

El Poder Judicial anuncia un fallo determinante.

El Poder Judicial del Perú sentenció hoy a 14 años de prisión a Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio. La jueza Fernanda Ayasta, del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, anunció la condena a Vizcarra en Lima y ordenó la ejecución inmediata debido a que la pena supera los cinco años que impiden la suspensión conforme al artículo 57 del Código Penal.

Los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua sustentan la pena

La magistrada comunicó el fallo tras analizar los hechos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde Vizcarra recibió sobornos cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua. La sala estableció 6 años de pena por Lomas de Ilo y 8 años por el Hospital de Moquegua, lo que elevó la condena total a 14 años.

La jueza afirmó que Vizcarra actuó en contra de la neutralidad y la imparcialidad que exige la función pública. Sostuvo que los actos de corrupción afectaron el interés colectivo y quebraron la confianza ciudadana en la gestión pública. Indicó que la asistencia permanente del exmandatario al juicio no modificó la gravedad de los delitos.

El tribunal añadió 9 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa de S/ 94.900 y el pago de S/ 2,336,000 por reparación civil, monto que deberá cubrir junto a los terceros civilmente responsables. La sala enfatizó la existencia de un concurso real de delitos y la solidez de la evidencia presentada durante el juicio oral.

Empresas involucradas quedan como responsables solidarias

Las empresas Obrainsa, ICCGSA y Astaldi quedaron como terceros civilmente responsables. El colegiado escuchó sus alegatos sobre eventuales procesos de colaboración eficaz, pero concluyó que ninguna compañía formalizó esos acuerdos ante la judicatura competente. Por ello, la sala mantuvo su responsabilidad solidaria en la reparación civil.

La condena a Vizcarra reconfigura el panorama político y judicial del país. El fallo envía un mensaje directo contra los actos de corrupción en los más altos niveles del Estado y cierra una etapa clave en dos de los casos más emblemáticos de Moquegua. El impacto de esta sentencia alcanzará a los actores políticos, a las instituciones involucradas y a una ciudadanía que exige decisiones firmes frente a la corrupción.

El caso seguirá su curso en las instancias correspondientes, pero el mensaje del Poder Judicial queda claro: las máximas autoridades deben responder por cada acto que vulnera el interés público.

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