Medida tiene vigencia de 60 días
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia los distritos de Santa Rosa y Huandoval en la provincia de Pallasca, al igual que otros 15 distritos de 9 provincias del departamento de Áncash, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2018-2019, para la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación pertinentes.
Mediante un decreto supremo publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, se establece que esta medida tiene una vigencia de 60 días calendario. La relación de distritos declarados en emergencia es la siguiente: Aíja (Aíja); La Primavera y Abelardo Pardo Lezameta (Bolognesi); Ataquero (Carhuaz); Colcabamba y Pampa Grande (Huaraz); Masín y Rahuapampa (Huari); Huallanca (Huaylas); Musga y Fidel Olivas Escudero (Mariscal Luzuriaga); Tapacocha (Recuay); y Moro, Samanco así como Nuevo Chimbote (Santa).
La norma dispone que el gobierno regional de Áncash, así como los gobiernos locales involucrados, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y demás instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto les corresponda, continuarán ejecutando las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para atender el desastre.
En estas intervenciones participarán los ministerios de Educación; de Salud; Desarrollo e Inclusión Social; Agricultura y Riego; Interior; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; del Interior; de Defensa; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Producción; Trabajo y Promoción del Empleo; y de Energía y Minas.
Las acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre intervenciones y evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes, indica el dispositivo legal.
La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.