La Ley del Atún vuelve a colocar al congresista por Áncash, Darwin Espinoza, en el centro de la investigación fiscal. El Poder Judicial del Perú ordenó levantar su secreto de las comunicaciones por presunto tráfico de influencias y cohecho. El juez supremo Juan Carlos Checkley autorizó que las empresas Movistar, Claro, Entel y Bitel entreguen registros telefónicos del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 29 de junio de 2022.
La medida responde a un pedido de la Fiscalía de la Nación en el marco del caso conocido como Ley del Atún, que investiga supuestas gestiones indebidas para modificar normas del sector pesquero.
¿Qué implica el levantamiento del secreto?
El juzgado ordenó a las operadoras remitir un reporte detallado de llamadas entrantes, salientes y perdidas, así como mensajes de texto y de voz. Además, deberán consignar fecha, hora y duración de cada comunicación.
La resolución exige información técnica precisa: códigos IMSI e IMEI, identificación de los titulares de las líneas, historial de chips insertados y ubicación geográfica de los equipos según las antenas utilizadas.
Las compañías deberán enviar la información en formato físico y digital a la Fiscalía, específicamente al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en un plazo máximo de 48 horas.
Investigación por presunto tráfico de influencias
Según la tesis fiscal en el caso Ley del Atún, Darwin Espinoza habría gestionado cambios normativos a través del Decreto Supremo N.º 09-2022-PRODUCE para beneficiar a grandes empresarios pesqueros.
El Ministerio Público sostiene que el legislador habría solicitado S/1 millón para facilitar la designación de un ministro de la Producción que impulse la modificación del reglamento de ordenamiento pesquero del atún.
La acusación se sustenta en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz y en presuntas conversaciones de WhatsApp que forman parte del expediente.
Defensa cuestiona la medida judicial
La defensa de Espinoza rechazó la decisión. Argumentó que el levantamiento del secreto vulnera derechos fundamentales y que la investigación se apoya en testimonios aún no corroborados.
Sin embargo, el juez consideró que la medida resulta necesaria y proporcional para esclarecer los hechos. La recopilación de registros permitirá reconstruir comunicaciones clave durante el periodo investigado.
La Ley del Atún no solo compromete la situación judicial del congresista. También pone bajo escrutinio la gestión de la política pesquera nacional y la transparencia en la elaboración de normas sectoriales.
El avance de esta investigación definirá responsabilidades penales y marcará un precedente sobre el uso del poder político en beneficio privado.