Dijo que la iniciativa tiene el objetivo de mejorar la propuesta presentada anteriormente por el mismo JNE y que buscaba establecer una limitación efectiva a la participación de estas personas.
Asimismo, explicó, la intención es contribuir a recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
«Estamos planteando eso, nos quedamos cortos antes, hemos recogido aportes y esta semana estamos llevando una nueva iniciativa de impedimento; quien tuvo una sentencia por delito doloso, no puede postular a cargo por elección popular», afirmó en La Hora N.
El titular del máximo organismo electoral defendió la constitucionalidad de dicha medida y la equiparó con normas similares que rigen en la carrera judicial y magisterial.
Mencionó, por ejemplo, que el abogado con sentencia por delito doloso no puede aspirar a ser juez o fiscal; o el maestro sentenciado por terrorismo, narcotráfico o abuso de menores, está impedido de impartir clases.
«Hay razones suficientes para ir mejorando la idoneidad de la clase política, para que la gente vuelva a confiar en sus autoridades, no puede ser que haya autoridades que delinquen, que son sentenciados a tres años, y siguen postulando de nuevo, la gente de indigna», afirmó.
Presión democrática
Por otro lado, Távara dijo que el JNE viene ejerciendo una “presión democrática” para que el Congreso no demore más el debate de la reforma electoral, contenida en una serie de proyectos de ley presentados por los propios organismos electorales.
Señaló que han conformado una plataforma de apoyo integrada por una serie de instituciones que desarrollan actividades en Lima y provincias y predican la importancia de esta reforma.
«Estamos presionando al Congreso, de manera democrática, para que aborde y discuta este tema», señaló.
Los proyectos de ley que esperan debate en el Congreso son el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Control y Participación Ciudadana.
Indicó que una de las modificaciones que han planteado es que los postulantes incluyan en sus hojas de vida de forma obligatoria información sobre su patrimonio y rentas.
Hasta el momento, ello es opcional, lo cual no permite un control más eficiente sobre la posibles casos de corrupción, indicó.