Adolescente de 16 años irá 7 años a la cárcel.
Menor condenado. Un hecho sin precedentes acaba de marcar la historia judicial del Perú. En Trujillo, un adolescente de solo 16 años recibió una condena de 7 años y 10 meses de cárcel por tenencia ilegal de explosivos y municiones. El menor, identificado con las iniciales S.E.U.U., trabajaba como obrero y cursaba tercero de secundaria. Vivía en condiciones vulnerables en el distrito de Alto Trujillo, donde bandas criminales suelen reclutar menores para transportar armamento.
Todo comenzó el 22 de mayo de 2025, cuando agentes de la Depincri Este – El Porvenir intervinieron el polideportivo “José Paolo Guerrero” tras recibir alertas vecinales. Al llegar, sorprendieron a cinco jóvenes. Uno de ellos lanzó un morral negro. Dentro, la policía encontró seis emulsiones explosivas FAMESA, fulminantes, mecha lenta, municiones calibre .223 y stickers con símbolos presuntamente extorsivos, como “Jaguar Amarillo” y “The Octopus”.
Menor condenado portaba explosivos y municiones.
El joven señalado como portador del morral vestía casaca negra y sandalias. Cinco efectivos y los propios detenidos confirmaron que se trataba de S.E.U.U., quien además llevaba más municiones en el bolsillo. En su declaración, confesó haber arrojado la mochila al ver a la policía, aunque negó saber qué contenía.
Un día después de la detención, el fiscal Denys Rivas Rodríguez solicitó un proceso inmediato ante el juez Juan Andrés Chirinos Castro, quien dictó la histórica sentencia. La Fiscalía sustentó el caso con base en los artículos 279 y 279-G del Código Penal, que castigan la tenencia de explosivos con penas mínimas de 14 años. Por ser menor, el juez aplicó una reducción conforme a ley.
Este caso no solo fija un precedente legal. También expone el alto riesgo social que enfrentan miles de adolescentes en zonas periféricas del país. Sin cámaras, sin testigos civiles y con miedo generalizado, las autoridades lograron sostener la acusación gracias a pruebas policiales y pericias balísticas. La justicia actuó rápido, pero el fondo del problema exige más que sentencias: demanda, prevención, atención social y políticas públicas urgentes para frenar el uso de menores por mafias armadas.