«Vamos al cajero de una vez…» decía en audios.
Tras la difusión de un reportaje del dominical «Punto Final» que reveló la exigencia de la congresista fujimorista María Cordero Jon Tay para que sus trabajadores le entreguen el 50% de sus sueldos, la Fiscalía de la Nación dispuso abrir una investigación preliminar contra ella.
De acuerdo con el testimonio del ahora extrabajador en el anonimato, la citada parlamentaria le exigió, en un primer momento, el 50 % de los ingresos por su labor en el Congreso de la República. «El sueldo de asesor era casi 9 000 soles, entonces tenía que pagarle entre 4 500 o 5 000 de manera mensual por un lapso de seis meses», denunció.
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció el inicio de la investigación contra la parlamentaria por el delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
En la investigación también fue comprendido Braden Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice del delito de concusión.
Fuerza Popular anuncia su expulsión.
El vocero político del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, calificó de inaceptable el comportamiento de la parlamentaria María Cordero Jon Tay y anunció que su organización política ha iniciado el proceso para su expulsión. Además, invocó a la bancada fujimorista a tomar medidas para sancionarla ejemplarmente.
Más congresistas investigadas por cobros irregulares.
En los últimos días, la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra más congresistas por el presunto delito de concusión. Así como María Cordero, las parlamentarias Rosío Torres (APP), Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Katy Ugarte (no agrupada) también son investigadas por el Ministerio Público por presuntos cobros a sus trabajadores
