Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, ejecutados y desaparecidos.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina —cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú—, irrumpieron en los dormitorios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), secuestrando y desapareciendo a nueve estudiantes y a un profesor, a las afueras de la ciudad de Lima, para después asesinarlos y sepultarlos en fosas clandestinas.
A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas por los órganos judiciales del Perú, y a causa de una Ley de Amnistía, los condenados por las desapariciones y ejecuciones de La Cantuta quedaron en libertad. Esto llevó a que los familiares de tres de las víctimas presentaran una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego se sumaron como representantes CEJIL, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ), quienes litigaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El fallo de la Corte señaló que las leyes de amnistía dictadas eran contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto que no tenían validez. El caso refleja cómo el Estado cometió crímenes de lesa humanidad mediante operaciones encubiertas. Este punto ha contribuido a cancelar las amnistías como instrumentos para garantizar impunidad a los responsables de las violaciones de derechos. La relevancia de esta sentencia se extiende a otros países de la región.
Además, en lo que se desarrollaba la denuncia ante el Sistema Interamericano, este caso llevó a la reapertura del proceso judicial dentro del fuero común en el 2000. Hacia el año 2003 se inició el juzgamiento contra todos los denunciados como presuntos coautores de los delitos de secuestro, desaparición forzada y homicidio calificado. Asimismo, en el 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo objetivo se centra en el esclarecimiento de los hechos ocurridos y las responsabilidades —tanto de quienes ejecutaron, como de quienes lideraron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno— y en proponer iniciativas de reconciliación entre todos los peruanos. Las ejecuciones extrajudiciales del caso La Cantuta fueron investigadas por la CVR y elaboradas en el marco del Informe Final del año 2003.
Finalmente, las investigaciones iniciadas tras la sentencia de la Corte produjeron que se acusara por los crímenes al expresidente Alberto Fujimori, quien había huido del país en 2002, y a otros miembros de los altos mandos del ejército peruano. Estas condenas han contribuido de modo determinante a la lucha contra la impunidad en Perú y a sentar un precedente histórico en Latinoamérica al condenar a altos jefes militares y civiles, vinculados como autores mediatos de graves violaciones de derechos humanos.
Impacto del caso:
- Gracias a este caso las amnistías han de dejado de usarse en el país como instrumentos para garantizar impunidad a los responsables de las violaciones de derechos. En este sentido, la sentencia tiene una relevancia regional.
- Este caso, en conjunto con el caso de Barrios Altos, provocó la acusación por los crímenes cometidos al expresidente Alberto Fujimori y a otros miembros de los altos mandos del ejército peruano, creando un precedente histórico en la región y contribuyendo de forma rotunda a la lucha contra la impunidad en Perú y en el continente.
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