Vulnera el principio de separación de poderes, afirma.
La ley aprobada por el Congreso que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), fue observada por el Ejecutivo y devuelta al Congreso de la República.
Mediante un oficio dirigido a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, el Ejecutivo indicó que la ley afecta el ámbito de actuación de la Sunedu y el papel del Estado de garantizar la calidad de la educación superior, pues ya no tendría potestad para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, que quedarían exentas de control de calidad, y de aprobar condiciones básicas de calidad.
Cuestionamientos
En adición a ello, advierte que la autógrafa atenta contra la imparcialidad, autonomía e independencia funcional de la Sunedu, al incorporar a tres miembros en su consejo directivo que representan directamente los intereses de los sujetos regulados (universidades públicas y privadas), y elegidos directamente por los rectores (instancias de gobierno de las universidades y presidentes de las asambleas universitarias).
Dicha situación implicaría el alejamiento del actual modelo de gestión de la Sunedu, que garantiza su imparcialidad y que, según el Tribunal Constitucional (TC), es constitucional; así como el acercamiento al esquema organizacional que tenía la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).