Espejo colectivo
Contraloría detecta, pero no sanciona: la impunidad prevalece en casos de corrupción
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Contraloría bajo la lupa: miles de informes, cero sanciones
Contraloría impunidad corrupción Perú. Cada semana, la Contraloría General de la República del Perú publica nuevos informes sobre presuntos actos de corrupción. Revela sobrevaloraciones, contrataciones direccionadas, proyectos fantasmas y compras públicas irregulares. Sin embargo, esos casos rara vez llegan a buen puerto. En la mayoría de situaciones, los hallazgos se pierden entre el papel, la burocracia o el olvido institucional. El resultado es contundente: más del 90 % de los informes no terminan en sanciones efectivas ni procesos ejemplares. ¿De qué sirve entonces tanta auditoría si nadie paga las consecuencias?
Contraloría: un mar de alertas sin consecuencias
Durante el 2024, la Contraloría emitió más de 13 mil informes de control, según su propio portal institucional. Estos reportes señalaron un daño potencial al Estado superior a 8 mil millones de soles, atribuidos a funcionarios de gobiernos regionales, municipios y entidades públicas. Sin embargo, la gran mayoría de los implicados siguen en funciones o han postulado nuevamente a cargos públicos.
El problema es estructural. La Contraloría no puede sancionar, solo “alerta” o “recomienda”. Y eso deja la pelota en manos de la Fiscalía, las procuradurías o, peor aún, de las propias entidades investigadas. La cadena de control se quiebra justo donde más debería fortalecerse.
Casos emblemáticos sin justicia
Contraloría impunidad corrupción Perú. Solo en Áncash, La Libertad, Cusco y Lima Metropolitana, la Contraloría identificó en el último año irregularidades en obras como pistas que colapsan antes de inaugurarse, compras de ambulancias sobrevaloradas o consultorías fantasmas. Muchos de estos casos involucran a exalcaldes, actuales regidores o gerentes generales que, a pesar del informe, nunca fueron procesados penalmente ni inhabilitados para ejercer cargo público.
Uno de los ejemplos más recientes lo representa la construcción de colegios inconclusos durante la pandemia, donde se comprometieron más de 200 millones de soles en infraestructura que no opera hasta hoy. Los responsables de esas obras mal ejecutadas siguen contratando con el Estado, muchos bajo otros nombres jurídicos o con nuevas empresas.
Una Contraloría que observa, pero no actúa
Aunque suene paradójico, la Contraloría cumple con su trabajo, pero el sistema no le permite cerrar el círculo. Su función es identificar y derivar hallazgos, pero sin un sistema penal eficaz ni voluntad política, sus informes terminan acumulando polvo.
A esto se suma la falta de seguimiento público y transparente. La mayoría de ciudadanos no sabe si los casos que se denuncian en informes llegan a alguna instancia judicial. La opacidad es aliada de la impunidad. Y muchas veces, el ruido mediático desaparece en pocos días.
El modelo institucional que prioriza el número, no el resultado
Internamente, la Contraloría también enfrenta críticas por su modelo de gestión. Diversas voces cuestionan que su enfoque privilegia la cantidad de auditorías sobre la calidad de los resultados. Se valora más cuántos informes se producen que cuántos funcionarios corruptos realmente se sancionan.
En la práctica, esto genera un efecto perverso: una “fábrica de informes” que genera volumen, pero no impacto. No basta con alertar. El país necesita castigos ejemplares, recuperación de fondos y reformas profundas que impidan que los corruptos regresen cada elección a sus viejos cargos.
¿Qué se puede hacer para romper este ciclo?
- Otorgar mayores competencias a la Contraloría para sancionar administrativamente o exigir inhabilitación temporal inmediata en casos de evidencia sólida.
- Reformar los sistemas de procuradurías para que actúen con independencia y celeridad.
- Crear un registro público de funcionarios observados, para evitar su reelección o contratación futura.
- Establecer un seguimiento obligatorio y público a cada informe de control, con plazos concretos para el Ministerio Público.
- Fortalecer la participación ciudadana, activando veedurías sociales y plataformas accesibles para que la gente vigile el avance de los casos.
Para tener en cuenta.
El Perú no necesita más diagnósticos sobre corrupción. Ya sabemos dónde está el problema, quiénes lo protagonizan y cómo operan. Lo que falta es un sistema que castigue, no que solo advierta. La Contraloría, como está hoy, sirve más de archivo que de barrera real contra la impunidad. Y mientras eso no cambie, cada informe publicado será un documento más para engrosar la frustración ciudadana y la desconfianza en el Estado.
El país no puede permitirse una Contraloría que “vigila”, pero no protege. Es hora de que su rol pase de ser un simple notario del desastre a un agente activo del cambio.