Santiváñez en jaque: moción de censura en camino.
El Congreso peruano oficializó una moción para destituir a Juan José Santiváñez, desencadenando una crisis política que redefine la relación entre poderes del Estado.
Un grupo de 35 congresistas presentó una moción de censura contra Santiváñez, acusándolo de haber perdido las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para permanecer al mando del Ministerio de Justicia.
El documento parlamentario señala que Santiváñez ya enfrentó censura cuando ocupó la cartera del Interior, y destaca que su reciente designación como ministro de Justicia —solo cinco meses después de haber sido removido— debilita el principio de control político del Legislativo sobre el Ejecutivo.
Además de ese antecedente político, la moción enumera graves investigaciones en curso: tráfico de influencias agravado (por el que la Corte Suprema impuso impedimento de salida del país por 18 meses), denuncias por abuso de autoridad, hostigamiento a periodistas y presuntas maniobras para influir en decisiones del Poder Judicial.
La moción detalla que la reincorporación de Santiváñez al gabinete daña la institucionalidad democrática, pues ignora un acto previo de censura y sugiere impunidad política frente a denuncias graves.
Censurar a Santiváñez: batalla en el Parlamento
Según el Reglamento del Congreso, el debate de la moción deberá realizarse entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación, posiblemente la próxima semana. Para aprobar la censura, se requieren al menos 66 votos afirmativos en el pleno.
Desde el Ejecutivo, defensores del ministro apelan a la presunción de inocencia. El ministro de Educación, Morgan Quero, pidió no adelantar juicios y calificó acusaciones como «campaña política». Santiváñez, por su parte, sostiene que no reconoce la veracidad del audio que lo vincula con gestiones a favor de un expolicía vinculado a redes delictivas.
Esta moción de censura representa más que un conflicto ministerial: pone en juego la fortaleza del control político y la credibilidad institucional. Si el Congreso logra 66 votos, marcará un giro decisivo en la política nacional. Pero si no, el Gobierno reforzará la sensación de blindaje ante acusaciones graves. El país observa, exige respuestas y espera que la justicia no se rinda ante la presión política.
