Blindaje Político: denuncia de Fiscalía contra Boluarte caída en el Congreso
Congreso blinda a Dina Boluarte. Hoy, el Congreso peruano se convirtió en la última muralla de protección para Dina Boluarte: archivó la denuncia fiscal que la señalaba por la muerte de al menos 40 personas durante las protestas de 2022 – 2023, un escudo que expone un blindaje político peligroso.
El 18 de julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó con más de diez votos el avance de una denuncia fiscal que acusaba a la presidenta Dina Boluarte por la responsabilidad política en la muerte de manifestantes en diciembre de 2022 y enero de 2023.
En una sesión breve y sin debate, solo los legisladores Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista) votaron en contra. El resto, sin cuestionar, cerró filas para protegerla, en un claro acto de protección política.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso blinda a Dina Boluarte
Organismos internacionales y prensa identifican patrones de represión excesiva durante las manifestaciones. En Juliaca, por ejemplo, la Policía disparó contra una protesta de población Aymara y Quechua, matando al menos a 18 personas. Informes de Human Rights Watch describen violaciones sistemáticas y posibles ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de estas gravísimas denuncias, el Congreso –mayoritariamente alineado con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y sectores de derecha– ha frenado seis denuncias contra Boluarte, incluyendo acusaciones por Rolexgate y lesiones a manifestantes.
Este patrón erosiona el rol fiscalizador del Legislativo. Al impedir que la Fiscalía avance, el Congreso prioriza la protección del oficialismo y cierra una vía de justicia para las víctimas.
Congreso blinda a Dina Boluarte. Al archivar esta demanda, el Congreso no solo cierra una causa; sepulta también la duda sobre su compromiso con la justicia. Este blindaje político deja en evidencia una alianza entre poder ejecutivo y parlamento, blindando a su líder frente a acusaciones graves. La impunidad institucional crece, y las víctimas quedan atrapadas en una permanente espera de verdad y reparación. Frente a eso, la ciudadanía debe exigir luz, justicia y el restablecimiento de controles democráticos efectivos.