Las audiencias de La Centralita se reanudaron el viernes 3 de mayo de 2019, a las 09:00, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La jueza María de los Ángeles Álvarez dirige la etapa de control formal de la acusación fiscal. Sin embargo, la jornada evidenció imprecisiones del Ministerio Público que podrían afectar el futuro del proceso.
Abogados, Procuraduría Pública, acusados, prensa y público acudieron a una sesión clave. El fiscal provincial adjunto Antonio Arévalo Castillo reformuló cargos y redujo penas solicitadas. La magistrada observó incongruencias y ordenó subsanar deficiencias antes de avanzar hacia el control sustancial.
Ocho años después, el proceso sigue bajo cuestionamiento
Las audiencias de La Centralita forman parte de un caso que inició en abril de 2011, tras la denuncia presentada por Juan Calderón Altamirano. Desde entonces, la fiscalía investigó a 4 personas jurídicas y 53 personas naturales por presuntos delitos como asociación ilícita para delinquir, lavado de activos y peculado.
Entre los principales acusados figura el ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, señalado como presunto cabecilla de la organización.
Durante la sesión, la jueza advirtió vaguedades en la descripción de conductas y responsabilidades. Exigió mayor precisión en el marco temporal y espacial de los hechos imputados. Estas observaciones debilitaron la consistencia de la acusación en una etapa decisiva.
Desempeño fiscal bajo presión pública
Las audiencias de La Centralita contrastan con otros procesos de corrupción de alcance nacional, como el Caso Lava Jato, donde equipos fiscales sostuvieron imputaciones técnicas con amplio sustento probatorio.
En este proceso regional, la defensa técnica aprovechó las falencias señaladas por la jueza. El fiscal rectificó argumentos y ajustó pedidos de pena. Esta dinámica proyectó una imagen de debilidad institucional.
El fiscal provincial Elmer Chirre Castillo figura como titular de la acción penal, aunque no participó directamente en la audiencia observada. La representación recayó en un fiscal adjunto con limitada experiencia en litigación compleja.
Impacto institucional y riesgo de impunidad
Las audiencias de La Centralita no solo definen responsabilidades individuales. También evalúan la capacidad del Ministerio Público para sostener acusaciones de alto impacto en Áncash.
Algunos investigados cumplieron prisión preventiva de hasta 36 meses y hoy transitan en libertad. Uno de ellos, Martín Espinal, obtuvo elección como consejero regional por Pallasca. Este escenario genera preocupación ciudadana sobre la eficacia del sistema de justicia.
Si la fiscalía no consolida una acusación sólida, el proceso podría concluir con absoluciones o sanciones menores. Ese desenlace enviaría una señal negativa en un contexto donde la sociedad exige firmeza frente a la corrupción.
Las audiencias de La Centralita representan una oportunidad para corregir errores y fortalecer la institucionalidad. El Ministerio Público debe actuar con rigor técnico y liderazgo procesal. La decisión final marcará un precedente clave para la lucha anticorrupción en Áncash.