Perú
Abandono del cargo: denuncian a Dina Boluarte por operarse y ausentarse 12 días
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Abandono del cargo. Una denuncia explosiva reaviva el debate sobre la transparencia y la responsabilidad presidencial en el Perú. Esta vez, el foco está en el presunto abandono del cargo por parte de la presidenta Dina Boluarte durante doce días, tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Lima. La controversia no solo agita el escenario político, sino que pone en tela de juicio el uso del poder, la ética en el ejercicio de la función pública y la obligación constitucional de rendir cuentas.
El escándalo detrás del presunto abandono del cargo
Los congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Carlos Zeballos presentaron una denuncia por infracción constitucional contra la mandataria. El argumento central: Boluarte se habría ausentado de sus funciones durante casi dos semanas, tras someterse a una serie de procedimientos quirúrgicos estéticos en la clínica del reconocido cirujano Mario Cabani. Según el documento presentado al Congreso, la presidenta interrumpió su agenda oficial entre el 27 de junio y el 10 de julio de 2024, sin informar formalmente al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República.
“La presidenta realizó abandono del cargo, al ausentarse para su recuperación, un total de 12 días calendarios, tiempo durante el que suspendió su agenda oficial”, señala la denuncia. Para los legisladores, esto constituye una “incapacidad temporal” para ejercer el cargo, lo cual, de acuerdo con el marco legal vigente, debió haber sido comunicado oficialmente para activar el mecanismo de reemplazo temporal, tal como establece la Constitución.
Lo que dicen los protagonistas
La presidenta ha sostenido públicamente que no se trató de una cirugía plástica, sino de una intervención por motivos de salud. Según su versión, permaneció solo algunas horas en la clínica y no requirió convalecencia posterior. Sin embargo, el propio cirujano Mario Cabani desmintió esa afirmación en declaraciones tajantes: confirmó que en su clínica solo se realizan procedimientos estéticos y que Boluarte fue sometida a cuatro de ellos. Además, reveló que la presidenta pasó al menos una noche internada y que él mismo le recomendó reposo posoperatorio.
Cabani también señaló que la mandataria le pagó con retraso la suma de 4.500 dólares y que, ante la demora, le solicitó por escrito que revelara el origen del dinero. No aclaró si el monto cubría el total del costo de las operaciones. La denuncia presentada por los parlamentarios también incluye la sospecha de que habría vínculos entre este episodio médico y el nombramiento de ciertos funcionarios en el aparato estatal, aunque el médico negó cualquier relación de esa naturaleza.
Vacíos de poder y poca transparencia
El caso se suma a una lista creciente de cuestionamientos a la gestión de DinaBoluarte. De hecho, la propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó en marzo pasado que la mandataria enfrenta actualmente 34 denuncias de diversa índole presentadas por ciudadanos. Una acusación previa, similar en el fondo, fue presentada en diciembre de 2024 por la congresista Margot Palacios, también por presunto abandono del cargo.
El punto más crítico del nuevo episodio es el vacío en la agenda presidencial, revelado por la prensa meses atrás, al notar que el portal de transparencia del Palacio de Gobierno registraba 12 días sin actividades oficiales. La ausencia de notificación al Congreso o al Consejo de Ministros —instancias que debieron estar al tanto para que el presidente del Parlamento asumiera temporalmente el cargo— refuerza el argumento de los denunciantes sobre una infracción a la Carta Magna.
¿Una cuestión privada o una falta grave?
El debate se ha polarizado: ¿puede considerarse una cirugía estética, aunque sea electiva, un motivo legítimo de ausencia temporal si la presidenta necesitaba recuperarse? ¿O es una falta grave no haber comunicado dicha situación institucionalmente? A ojos de los congresistas denunciantes, la respuesta es clara: no se trata de un tema de salud personal, sino de un ocultamiento de hechos que impidieron el funcionamiento normal del Ejecutivo.
Además, el uso de una clínica privada, el pago fuera de plazo, y las contradicciones en las versiones públicas abren nuevos flancos sobre la ética y la transparencia en la más alta investidura del país. La aparente contradicción entre lo dicho por la presidenta y lo declarado por su propio cirujano alimenta las sospechas y demanda una investigación que deslinde responsabilidades.
Abandono del cargo: Un nuevo capítulo en la fragilidad política peruana
El Perú ha enfrentado en los últimos años una sucesión vertiginosa de crisis institucionales, y este nuevo capítulo añade presión sobre un gobierno ya cuestionado. Más allá del desenlace legal de la denuncia, el caso revela una vez más la desconexión entre el poder y la ciudadanía, que espera coherencia, rendición de cuentas y un mínimo de honestidad en el ejercicio del cargo más importante de la República.
Para reflexionar
En un país donde la política y el espectáculo a menudo se entrelazan con consecuencias serias, lo que hoy se discute no es solo una operación estética, sino el rostro de una presidencia que, en opinión de muchos, aún no ha dado la cara a la verdad. El Congreso tiene la palabra. Pero, sobre todo, la ciudadanía exige que no se maquille la Constitución.